En rueda de prensa, Andrés Núñez ha recordado que, tras anular el Tribunal Supremo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la ciudad pasó a regirse por las Normas Subsidiarias del año 1987. Este hecho provocó que Chiclana contara con aproximadamente un 80% de suelo no urbanizable y el urbano se redujera prácticamente a Avenida del Mueble, la zona de la costa y el centro de la ciudad.
Esta situación, ha explicado el teniente alcalde, “dejaba sin amparo legal todos aquellos desarrollos efectuados durante la vigencia del Plan General, las Áreas de Gestión Básica y aquellos suelos que estaban tramitando su paso a urbanos y que la anulación del PGOU imposibilitó la finalización de dicha transformación”.
El texto, según ha querido aclarar el edil de Urbanismo, “no es un Plan General, sino que es consecuencia de ajustar la realidad física actual con las definiciones de las diferentes categorías de suelo fijadas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)”.
De esta forma, “en las Normas Sustantivas será considerado como suelo urbano aquellos que reúnan las condiciones exigidas por esta norma para considerarse como tal, los reconocidos en las Normas Subsidiarias, más los que hubieran adquirido tal condición cuando se encontraba vigente el PGOU”, ha afirmado Núñez.
El documento presentado recoge también como suelo urbano no consolidado las Áreas de Gestión Básica, aquello suelos que hubieran iniciado su transformación urbanística vigente el PGOU y que la anulación del mismo no hubiera permitido la finalización, aquellos suelos afectados por vías pecuarias y que habían iniciado el proceso de desafectación y aquellos suelos de interés supramunicipal (proyecto de la Longuera o suelos afectados por la Ronda Oeste).
El delegado de Urbanismo ha destacado que “con este documento, pasamos de un 20% de suelo urbanizado en Normas Subsidiarias a un 80%, se han salvado multitud de desarrollos y se ha dado salida a las áreas de gestión básicas”. Núñez ha reiterado que “si bien este documento no es la solución a los problemas urbanísticos de la ciudad, ofrece una importantísima seguridad jurídica urbanística al municipio, perdida tras la anulación del Plan General, con lo que ello supone para la generación de confianza en el inversor y en la generación de empleo, ya que no supondrá la puntilla al sector de la construcción, tan mermado con la crisis”.
El documento definitivo, que ha sido entregado en el día de hoy al Ayuntamiento por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, tendrá un plazo de un mes de exposición pública, en el que cualquier ciudadano podrá realizar las alegaciones convenientes así como, al ser un documento del ente autonómico, se dará trámite al Consistorio para que realice las consideraciones oportunas.
Por último, el delegado de Urbanismo ha agradecido “expresamente a la Junta de Andalucía, desde la consejera como a los técnicos de la Dirección General de Urbanismo, como a los propios de la Gerencia Municipal el trabajo realizado en beneficio exclusivo de la ciudad”.
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