Así, este informe dejaba claro que dentro del convenio firmado con la asociación de minusválidos “Virgen del Carmen, ”en ningún caso, las contrataciones pueden llevarse a cabo de tal forma que se establezca un vínculo con la Administración, tanto en el desarrollo de las tares asignadas como en la especialidad de su contratación”.
En esta misma línea, los técnicos municipales advertían que “si lo que se desempeñan son tareas para el Ayuntamiento, el personal contratado debiera tener establecida la relación contractual con éste, sometiéndose a las regulaciones normativas existentes para la contratación de personal al servicio de la Administración”. También, el informe avisaba de que no se podía utilizar la modalidad de contrato denominado de inserción ya que, entre otras razones, dicha modalidad, “además de encontrarse derogada, permitía las contrataciones temporales dentro de los programas públicos que se desarrollaran reglamentariamente, y el Plan Local de Empleo Social es de iniciativa municipal”.
Esta actuación es la base que permite a la Inspección de Trabajo de Cádiz, afirmar que el anterior equipo de gobierno municipal incurrió en una “cesión ilegal de trabajadores”, ya que el objeto del contrato entre éste y “Virgen del Carmen” “se limita a un mero suministro de mano de obra”, en el que la citada asociación de minusválidos “se limita a ocupar la posición empresarial de una manera meramente formal, sin asumir ningún tipo de dirección y control”, siendo el Ayuntamiento quien pone los medios técnicos, materiales y personales para que se pueda llevar a cabo la actividad, así como bajo la dirección de responsables municipales. Esta manera de contratar supone una “infracción muy grave” en materia laboral merecedora de una sanción de 10.000 euros, que va a ser recurrida por el actual equipo de gobierno municipal.
En este sentido, el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, anunció ayer que el equipo de gobierno está iniciando los trabajos de redacción de un nuevo decreto sobre el Plan Local de Empleo Social (PLES), “basado fundamentalmente en el cumplimiento estricto de la legalidad y que tendrá como objeto principal facilitar el empleo a los chiclaneros que realmente lo necesiten”.
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