El seguimiento de una embarcación semirrígida que la investigación vincula a la red de narcotráfico presuntamente dirigida por los Castaña ha centrado la sexta sesión del macrojuicio que se desarrolla en la sede de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz.
Hasta trece agentes –mañana lo harán otros cinco- han prestado declaración sobre este asunto, identificando la embarcación semirrígida en distintas vigilancias que la sitúan en la finca de Palmones, en Los Barrios y en Lora del Río (Sevilla), además de en un camión con remolque que la trasladó y en una persecución marítima.
Esta última tuvo lugar el 30 de marzo de 2020 y durante la misma, según los testimonios, la semirrígida embistió a la patrullera de la Guardia Civil en el Estrecho y emprendió la huida hacia aguas marroquíes a una velocidad inalcanzable para la embarcación oficial.
Los agentes indicaron que en la misma viajaban cuatro tripulantes ese día y pudieron reconocer diferentes marcas en la semirrígida que les permitieron identificarla posteriormente en otras vigilancias.
Uno de los letrados de la defensa expresó su queja por el hecho de que algunos de los agentes hayan declarado por vía telemática a pesar de encontrarse en la Comandancia de Algeciras, por lo que la presidenta del tribunal ha citado este miércoles a cinco de ellos para que presten testimonio de manera presencial en la sala.
En el que es el mayor juicio contra el narcotráfico en la historia de España, el proceso comenzó con 152 acusados, y una inversión de 150.000 euros de la Junta de Andalucía para remodelar la Sección Séptima de la Audiencia Provincial y habilitar cuatro salas para el mismo.
Hasta el momento en el que han comenzado las declaraciones, en las primeras sesiones se resolvió la situación de un centenar de acusados, de los cuales 69 han pactado sentencias de conformidad, a otros 26 les fue retirada la acusación y hay cinco que se encuentran en rebeldía procesal, además de otro que había pactado sentencia pero no se personó, por lo que se dictó una orden de detención e ingreso en prisión para él.
La Fiscalía Antidroga reclama para Antonio Tejón, considerado el líder de la organización, 15 años y 9 meses de prisión y 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando (por el uso de narcolanchas prohibidas) y pertenencia a grupo criminal.
Considera que incluso cuando estaba en prisión, logró tejer una red con una “incesante” actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos capaz de operar hasta durante el confinamiento por la pandemia de la covid.
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