La jueza Mercedes Alaya, que instruyó en caso de los ERE en Andalucía, ha propuesto este martes endurecer las penas para los casos de corrupción. Alaya ha manifestado esta opinión en las III Jornadas de Transparencia y Datos Abiertos, celebrada en Madrid.
La magistrada ha resaltado la necesidad de una legislación específica para los delitos de corrupción como "medida preventiva para persuadir a los deshonestos y a los que están decididos a cometer casos de corrupción".
Alaya es partidaria de endurecer las penas para este tipo de delitos
y ha explicado que tenemos un Código Penal que, "desgraciadamente", no recoge "proporcionalidad" entre las penas por corrupción a funcionarios públicos y las que se imponen a los que no lo son.
Así, ha citado la prevaricación que en el caso de cargos públicos está castigado con penas de inhabilitación. "No tiene pena de multa ni de privación de libertad", ha dicho. A su juicio, la prevaricación es el "núcleo fundamental" en los procesos de corrupción.
Ha recalcado también otros tipos de delito como el que nombra a un cargo público sabiendo que no cumple los requisitos para ello. Este caso, ha enfatizado, tampoco está castigado con privación de libertad.
Para la jueza, otro caso "sangrante" es el que el funcionario que exige dinero a los ciudadanos sin estar contemplado en la ley y tampoco tiene pena de privación de libertad. "No le cambian la vida, si lo comete un funcionario simplemente deja de ser funcionario público por un tiempo", ha apuntado.
En cuanto al tráfico influencias, ha afirmado que las penas son "nimias", de seis meses a dos años. "El endurecimiento de las penas puede suponer una persuasión", ha rematado.
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