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Cádiz

La APBC pide de nuevo que le autoricen la enajenación de dos buques abandonados

El \'Frescomar III\' y el \'Sonho de Menino\', \"que han ocasionado a la APBC gastos que ascienden a más de 45.000 euros\".

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  • El Puerto de Cádiz.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha reiterado ante las autoridades judiciales competentes la petición de que autoricen la enajenación de dos de las embarcaciones que se encuentran en estado de abandono en la zona de dominio público portuario, el 'Frescomar III' y el 'Sonho de Menino', "que han ocasionado a la APBC gastos que ascienden a más de 45.000 euros".

   Según indica en una nota de prensa la APBC, ésta alude en sus escritos al convenio suscrito en noviembre del año pasado entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento, la Fiscalía General del Estado y el Organismo Público de Puertos del Estado relativo a "las actuaciones necesarias para la venta o realización de buques aprehendidos o intervenidos en procesos penales, con el fin de agilizar los procedimientos de enajenación".

   Por un lado, la APBC reclama al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz la enajenación de la embarcación 'Frescomar III', un pesquero de bandera marroquí que fue atracado en la dársena pesquera del Puerto de Cádiz el 24 de junio de 2009 tras declararse su embargo.

   Por necesidades de explotación portuaria, en julio de 2012 se traslada a la dársena de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde permanece. La inactividad de esta embarcación, que se prolonga ya por cinco años, ha ocasionado unos gastos a la APBC que ascienden a 33.583,58 euros, donde se incluyen, además de las tasas correspondientes, otros gastos soportados.

   "Igualmente gravosa" para el Puerto de Cádiz es la presencia de la embarcación 'Sonho de Menino', otro pesquero, de pabellón portugués, que se encuentra atracado en el muelle Exterior de El Puerto de Santa María desde enero de 2010. En julio de ese mismo año la embarcación se hundió y la APBC procedió a reflotarla y colocarla en seco en la explanada del antiguo recinto pesquero de El Puerto, donde permanece.

   La APBC ha solicitado, en este caso, a la Audiencia Provincial la autorización para la retirada de los restos de esta embarcación a un vertedero autorizado, petición que ya inició en el mismo año 2010 ante el Juzgado de Primera Instancia de El Puerto de Santa María sin obtener respuesta. Los gastos ocasionados por Sonho de Menino suman 11.481,44 euros.

   Los casos del 'Frescomar III' y del 'Sonho de Menino' forman parte de un listado "más extenso" de embarcaciones abandonadas durante años en las dársenas de la Bahía de Cádiz. Estas embarcaciones, que suman una decena en total, "han ocasionado hasta la fecha a la APBC gastos superiores a los 160.000 euros".

   La APBC considera que la colaboración de la Administración Judicial es "esencial para la seguridad de la navegación marítima y para el desarrollo de las distintas actividades portuarias", por lo que espera "una mayor diligencia en la resolución de estos expedientes, no sólo por los gastos que le ocasionan estos depósitos sobre los que no tiene competencia alguna, sino también por el tiempo que tardan en resolverse y la mala imagen que estas embarcaciones abandonadas provocan en las dársenas, como han denunciado en reiteradas ocasiones los ayuntamientos y las asociaciones vecinales, entre otros colectivos".

   En este sentido, destaca la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz de 16 de enero de 2014, por la que se autoriza a la APBC a adoptar "las medidas necesarias para la enajenación del buque 'Nikolay', que se encuentra atracado en el muelle Ribera de la Zona Franca de Cádiz. Este procedimiento de enajenación se encuentra en tramitación actualmente y está regulado por los artículos 11 y 12 del Convenio Internacional sobre privilegios marítimos e Hipoteca Naval de Ginebra, de fecha 6 de mayo de 1993.

   La APBC se plantea, además, reclamar indemnizaciones al Ministerio de Justicia por el depósito de estas embarcaciones, "ya que realiza una función pública de Estado a la que no está claro que esté obligada por imperativo legal", solicitando "el mismo tratamiento" que el otorgado "a las empresas privadas que asumen la custodia de vehículos incautados".

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