Los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también consideran inadecuada la propuesta del alcalde de La Línea, Juan Franco, de plantearse la legalización del hachís para combatir el crimen organizado.
“Tengo que respetar la opinión de cualquier representante público, pero no comparto la idea”, apunta Antonio Flores, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Como solución, se muestra convencido de su inutilidad señalando la existencia del contrabando de tabaco pese a que se puede adquirir en cualquier estanco.
“Habrá actividad ilegal para sortear los impuestos especiales de Hacienda”, razona. Además, indica, por su parte, Agustín David Domínguez, de Jucil, las mafias no se dedican únicamente al narcotráfico, sino que también aprovechan las embarcaciones para el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas, entre otras actividades delictivas, contándose ya al menos unos 200 casos.
“Lo hemos visto recientemente en Chiclana”, recuerda, cuando, en plena tormenta, los ocupantes de una embarcación que portaba fardos de hachís lanzaron al mar a otros ocho cuando fueron sorprendidos en las inmediaciones del Caño de Sancti Petri.
El representante de Jucil considera que lo urgente es modificar el Código Penal para que “un chaval de 18 tenga miedo de aceptar 1.000 euros del narco por vigilar patrullas” y, añade Flores, más medios policiales para erradicar el crimen organizado.
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