José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), trata de eludir la crítica política sobre la propuesta del alcalde de La Línea, Juan Franco, de legalizar el hachís para combatir el crimen organizado, pero no puede evitar mostrar su rechazo al planteamiento del líder de La Línea 100x100.
“Para evitar un problema de seguridad, se trasladaría un problema mayor al sistema nacional de salud”, indica, para aportar a continuación argumentos en el ámbito fiscal.
Por un lado, se opone a que, “por recaudar un poquito, se generen problemas de seguridad o sanitarios”.
Además, recuerda que en países donde sí se ha regulado el consumo de estupefacientes existe igualmente el contrabando y a venta al margen de la legalidad. En España, pasa con el tabaco, sin ir más lejos.
Mollinedo no da, en cualquier caso, recorrido a la ocurrencia del alcalde de La Línea. “No ha tenido eco entre otros partidos”, subraya, y apunta, asimismo, que este debate está superado cuando, en 2014, la UE planteo sumar al PIB el impacto económico de actividades como la prostitución, con un 0,35% del total, o el tráfico de drogas, con un 0,5%.
A raíz de esto, se planteó legalizar la prostitución, pero el Congreso determinó que era explotación de la mujer. Por tanto, concluye, “si alguien gana dinero de manera ilícita, hay que perseguir esa actividad”.
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