Greenpeace, que presentó ayer su informe Destrucción a Toda Costa 2010, en el que analiza y recopila datos sobre el estado de las costas españolas y dedica entre otros, un apartado, a la corrupción urbanística.
La ONG ecologista señala que en muchos casos la batuta que ha dirigido la corrupción ha sido el urbanismo y que entre la “perplejidad y la indignación”, los ciudadanos han asistido durante estos años al desfile de políticos y ex políticos que comparecen ante jueces como imputados por prevaricación, cohecho, fraude fiscal y otros delitos destinados a llenar bolsillos privados.
Añade que uno de los casos más importantes de los últimos diez años es “el saqueo de Marbella”, donde se han defraudado 25 millones de euros.
En 2009, denuncia Greenpeace, casi no pasaba una semana sin que un municipio o unos políticos regionales se viesen salpicados por un nuevo caso con origen en la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008.
Hasta tal punto, añade, que la clase política y los partidos subieron ese año hasta el cuarto puesto de las preocupaciones de los españoles, por detrás del desempleo, pero por delante del terrorismo.
También recuerda el informe que basándose sólo en los casos en investigación o ya juzgados, el rotativo El Mundo evaluó en 4.100 millones de euros el dinero desfalcado por la corrupción en los últimos diez años, el equivalente al coste de 50 hospitales de última generación.
A juicio de la ONG, la mayor parte de los casos “tienen que ver con la recalificación por parte de ayuntamientos” de terrenos no urbanizables en zonas construibles.
Según Greenpeace, la corrupción “salpica a todos los partidos y se extiende por toda la geografía española”, aunque el grueso se concentra sobre todo en el litoral mediterráneo, en los archipiélagos balear y canario, y en la Comunidad de Madrid.
Así indica que más de 300 personas, políticos o empresarios, serán juzgados en 2010 por corrupción o tráfico de influencias, y que en 2007 los casos de corrupción urbanística investigados por la Justicia en el litoral se elevaban a casi un centenar.
En ese año, las fiscalías investigaban 89 casos que involucraban a más de 350 personas, muchas de ellas trabajadores públicos, entre ellos 55 alcaldes.
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