Este artículo del código penal está dirigido a la autoridad o funcionario público que, “careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años”.
Preeminencia del Derecho, representada en la denuncia por su vicepresidenta, la abogada Encarnación Martínez Segado, califica la conducta de Valcárcel de “inaudita”, y afirma que “le puede costar al denunciado el cargo y hasta prisión”.
La denuncia se basa en unas declaraciones que publica el diario La Verdad, según las cuales, Valcárcel afirma que “no hay razones para acatarla (ley del aborto) pues no está en su punto final”.
Según la denuncia, Valcárcel ha proclamado públicamente que suspende la efectividad de una disposición general, y la petición de suspensión formulada por su partido el PP en su recurso de inconstitucionalidad “carece de efectos suspensivos sobre la norma, una vez que fue suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad”.
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