La autorización ambiental emitida por la Junta de Andalucía sobre el macroproyecto turístico en Trebujena, una urbanización que prevé la construcción de 300 villas de lujo, un hotel y un campo de golf en más de 2.000 hectáreas de antiguas marismas cercanas a Doñana e incluidas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ha desatado una bronca política que ha acaparado titulares incluso en la prensa nacional. El alcalde y candidato a la reelección, Ramón Galán, de IU, ha lamentado que “le hayan metido por medio” de la pelea política “a diez días de las elecciones” y ha remarcado que “estamos en contra de este modelo de desarrollo humanístico sencillamente porque no es el modelo de desarrollo que necesita Trebujena”, desmarcándose de la tramitación del expediente.
El Gobierno de Juanma Moreno ha tratado de sacudirse igualmente cualquier tipo de responsabilidad, la remarcar que se ha limitado a seguir adelante con el trámite administrativo. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, apuntó, sin embargo, al Gobierno local, que fue quien “promovió el proyecto” y “al señor (Juan) Espadas, “quien firmó la memoria justificativa de la modificación del PGOU, como representante del PSOE en Andalucía cuando era consejero de la Junta”. Espadas, respondió tratando de desmentir las acusaciones poniendo el acento en que la “autorización medioambiental” para dicho proyecto “fue aprobada en la reunión del pasado martes (16 de mayo) del Consejo de Gobierno de la Junta”. En cualquier caso, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha emitido un informe “desfavorable” que frena en seco su desarrollo.
La decisión ha sido aplaudida por Ecologistas en Acción, que condena el macroproyecto urbanístico por la falta de recursos hídricos y por su enclave en una zona inundable. El portavoz de la organización en la provincia de Cádiz, Juan Clavero, que considera que la responsabilidad es compartida por todas las administraciones, y, por lo tanto, por representantes de los tres partidos políticos, IU, PSOE y PP, añade que ahora lo que toca es desclasificar estos terrenos y regenerar las marismas, por un lado, y, por otro, estar atento al desarrollo de otras iniciativas similares al de Trebujena que suponen igualmente una amenaza para el medio ambiente.
En concreto, se refiere al proyecto Trafalgar Golf, en Vejer, que ocupará 2,5 millones de metros cuadrados, junto al Parque Natural Pinar de la Breña, paralizado actualmente, pero previsto en la modificación del PGOU en marcha; El Següesal, en Barbate, con 4,6 millones de metros cuadrados cercando el mismo parque natural, con dos hoteles, 956 apartamentos turísticos y 734 viviendas, además de campo de golf, incluido en el acelerador de proyectos de la Junta de Andalucía en 2021, con declaración de impacto ambiental negativa pero vivo todavía; y, finalmente, Atlanterra Golf, en Tarifa, con casi 1,2 millones de metros cuadrados para campo de golf, 1.035 viviendas y 1.372 plazas hoteleras que está en marcha pese a que no hay agua ni se ha cumplido con el compromiso de suministrarla de la zona de abastecimiento gaditana.
“Son un auténtico despropósito”, resume Clavero, quien apunta que este modelo está obsoleto y es insostenible. Incluso en el caso de que dispusieran de aguas recicladas, como en el caso de Chiclana, que no disponen por falta de las infraestructuras necesarias, “habrá que decidir ante el cambio climático si queremos utilizarlas en el riego de campos de golf o para la agricultura”.
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