Al cierre esta edición se celebraba un pleno urgente y extraordinario motivado por la obligación del Ayuntamiento de cumplir con el plan de ajuste que el anterior Gobierno PP-Ai-Pro aprobó en 2012 con los votos en contra del PSOE pero que sin embargo nunca llegó a aplicar.
La aprobación de ese plan en 2012 sirvió para que el Ayuntamiento pudiera acogerse a los préstamos ICO para hacer frente al pago de 18 millones de euros a proveedores. Como que el plan exigía una serie de medidas drásticas, como por ejemplo el cierre de instalaciones municipales e incluso de la emisora de radio, la eliminación de la figura del Defensor de la Ciudadanía -su servicio era altruista y sin remuneración- y recortes en la plantilla municipal, el PSOE, entonces en la oposición, votó en contra al entender que había otros caminos dirigidos al ahorro, como de hecho se ha puesto de manifiesto en los últimos meses con la reducción del gasto de personal en prácticamente un cincuenta por ciento y la eliminación de las productividades y gratificaciones.
Así, el debate del Pleno no se centró en la aprobación de un nuevo plan de ajuste, ni siquiera en su modificación, lo cual hubiera sido ilegal a todas luces, sino en la incorporación de nuevas medidas.
Con este plan, el Gobierno municipal podrá hacer frente con un total de 4,3 millones de euros a las sentencias judiciales que les han sido adversas en los últimos años. Entre esas sentencias figura el despido supuestamente ilegal de 19 interinos durante el anterior mandato; una medida que, según explica la nueva delegada municipal de Hacienda y Personal, María José González Peña, se llevó a cabo con criterios políticos y no técnicos. Esas sentencias son de obligado cumplimiento y de ahí la urgencia del Pleno, ya que los plazos de pago están a la vuelta de la esquina.
El Ayuntamiento tendrá diez años para pagar esos 4,3 millones de euros a la entidad financiera que se ha prestado a la operación, la cual se materializará con unas condiciones ventajosas.
Para la delegada, la puesta en marcha del plan de ajuste no es sólo una obligación desde el Ministerio de Hacienda, sino un ejercicio de responsabilidad.
De hecho, si el Ayuntamiento no afrontara el plan de ajuste correría el peligro de que el Ministerio de Hacienda comenzara a embargarle bienes. Por ello, el Gobierno socialista prefiere hablar de “redimensionar” los servicios antes que eliminarlos o recortarlos; es decir, está por la labor de optimizar los servicios públicos con el ahorro que comportaría la eliminación de gastos superfluos. En este sentido, el Gobierno municipal viene cumpliendo con ese objetivo en base también a sus compromisos electorales.
González Peña asegura que estas medidas no se corresponden más que con la situación crítica de la hacienda municipal, como quedó patente en el Pleno donde se abordó la liquidación presupuestaria con un resultado “nefasto”, con más de diez millones de remanente de tesorería negativo.
En previsión
Si bien con los 4,3 millones de euros se hará frente a las sentencias en firme durante el año 2016, no se descarta que el próximo año haya que realizar una operación parecida para las posibles nuevas sentencias judiciales que vayan surgiendo, entre las que podría figurar una indemnización a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), como admite la delegada de Hacienda y Personal.
No obstante, el equipo de Gobierno está por la labor de llegar a un acuerdo amistoso con la empresa, a la que no se le puede abonar 200.000 euros mensuales como era el compromiso aprobado en el Pleno el anterior mandato. El motivo -insiste la delegada- no es otro que la falta de liquidez que sufre actualmente el Ayuntamiento arcense.
El Ministerio de Hacienda obliga
El Ministerio de Hacienda obliga al Ayuntamiento a la puesta en marcha del plan de ajuste, una tarea que, sin ser plato de buen gusto, tiene que asumir el nuevo ejecutivo socialista. La delegada de Hacienda admite que ha habido “tirón de orejas” al Ayuntamiento por parte del Ministerio por la falta de cumplimiento del anterior Gobierno municipal. Ese “tirón de orejas” se ha traducido desde el Gobierno central en la retención de los fondos de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) que corresponden al municipio. Así las cosas, el anterior equipo PP-Ai-Pro no habría cumplido a todas luces con la amortización de los préstamos ICO para proveedores. María José González entiende que, dentro de un ejercicio de responsabilidad, el plan de ajuste debe ser apoyado por los cuatros grupos.
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