El voto de calidad del alcalde fue definitivo para que el equipo de Gobierno socialista de Arcos sacara adelante en el Pleno el plan de ajuste al que obliga el Ministerio de Hacienda para ir resolviendo el pago de hasta 24 sentencias firmes que ha recibido durante los últimos años. De no haber sido así, el municipio habría corrido con el peligro de ser embargado en sus bienes públicos.
No obstante, el plan de ajuste que se aplicará en breve comporta un préstamo de 4,3 millones de euros para ir pagando esas sentencias, amén de tratarse de un plan que fue aprobado en 2012, cuando gobernaba el Ayuntamiento los grupos PP y Ai-Pro. Sin embargo, estos votaron en contra del plan aferrándose a la merma de servicios públicos y a posibles recortes en la plantilla municipal, mientras que la postura de Arcos en Común fue la de la abstención, porque, a pesar de estar en desacuerdo con las posibles medidas que se tomarían, entiende que es preciso cumplir la Ley tal y como se comprometió en su día toda la Corporación. Este empate técnico provocó a última instancia una doble votación, siendo el voto de calidad del alcalde el que prevaleció para que el plan saliera adelante.
En todo caso, el Pleno puso de manifiesto la presunta nefasta gestión que se ha realizado en el Ayuntamiento durante más de una década a tenor de la cantidad de juicios que ha perdido la institución frente a causas justas, según la Justicia, al dar la razón a esos 24 expedientes. Entre ellos cabría destacar deudas de hasta 1,9 millones que reclama la compañía Gestagua que prestó servicio en el municipio durante años y que, al terminar su periodo de concesión, fue sustituida por el servicio de la Mancomunidad; o deudas con pequeños proveedores que oscilan entre los 600 y miles y miles de euros. Además, las causas perdidas por despidos improcedentes e incluso con vecinos que denunciaron en su día al Ayuntamiento por alguna negligencia.
El equipo de Gobierno explicó en todo momento que el paso dado es de obligado cumplimiento frente a las exigencias del Ministerio de Hacienda, que ante los problemas económicos municipales viene reteniendo la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).
Entre las medidas que propone el plan de ajuste, que no está dispuesto a cumplir a rajatabla del equipo de Gobierno, se encontrarían la reducción de servicios culturales que afectan a museos y otros equipamientos, a la emisora de radio municipal, a los deportivos, a la actividad turística, etc., incluso se recomienda la privatización de algunos servicios y la disolución de la empresa de la recogida de basuras Ecorreciclajes. Tanto Arcos en Común como PP y Ai-Pro se temieron que esta situación afecte a los ciudadanos, mientras que el equipo de Gobierno aseguró que, mediante otros caminos, se está consiguiendo el ansiado ahorro público. De hecho, el gasto en personal ya se ha reducido un cincuenta por ciento, así como en consumibles y otros conceptos. En otros términos, a pesar de que el Gobierno aprobó el plan de ajuste, como lo hizo el anterior en 2012, entiende que se puede ahorrar sin llegar a esos extremos. La delegada de Hacienda y Personal, María José González Peña, utilizó los términos “flexibilización” y “redimensionar”; es decir, optimizar los recursos. Un ejemplo podría ser la impartición de los mismos cursos pero con menos monitores.
El grupo popular propuso que el préstamo se redujera de 4,3 a 2 millones porque la sentencia de Gestagua no podría ser firme, con lo cual el Ayuntamiento tendría la posibilidad de seguir litigando. También propuso que la cantidad destinada al pago de sentencias se gestionara vía presupuesto general.
Posteriormente, la portavoz socialista en el debate, la delegada de Hacienda, le replicó a su homónimo popular, Sebastián Ruiz, que la sentencia que obliga al pago de 1,9 millones de euros a Gestagua sí es firme. El portavoz de Ai-Pro, Manuel Erdozain, se limitó a sembrar las dudas sobre la gestión pública, asegurando que ahora Arcos es una ciudad “más sucia” y dejada, mientras que la portavoz de en Arcos en Común, Susana Pérez, se lamentó al inicio de la sesión de que el equipo de Gobierno no haya aplicado el plan de ahorro que el grupo opositor presentó en su día.
El Ayuntamiento tendrá a partir de ahora diez años para amortizar esos 4,3 millones de euros, teóricamente con condiciones si no ventajosas, no tan duras, aunque el Pleno puso de relieve que la bola de las deudas se hace más gorda.
Por lo pronto, teóricamente se habría generado una deuda de diez millones de euros con proveedores durante el anterior mandato, lo que obligará con toda probabilidad a solicitar nuevos préstamos.
El pleno se cerró con un agrio debate sobre quién ha sido menos malo en la gestión económica, por llamarlo así, y con la intervención final del alcalde, Isidoro Gambín, que justificó las medidas que se vienen aplicando para hacer viable el Ayuntamiento sin dejar de prestar servicio. En todo caso, la situación financiera municipal parece seguir en la UCI, sin entrar en los nuevos problemas económicos que con toda probabilidad aparezcan el próximo año con nuevas sentencias desfavorables. A todo, el municipio sólo ingresa 715.000 euros mensuales de Diputación.
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