La Delegación municipal de Urbanismo ha procedido esta semana a la legalización de las primeras ocho viviendas hasta ahora fuera de ordenación urbanística. Se trata de inmuebles situados en el campo y que forman parte de las 1.300 viviendas que se regularizarán en una primera fase de este proceso. En términos generales, se calcula que en Arcos hay 3.000 viviendas ilegales.
La ocasión mereció por parte del delegado del área, Manuel Erdozain, una mirada hacia el pasado, a los años en los que se constituyó la Plataforma por la Legalización de Viviendas en Suelo no Urbanizable, años antes de que la Junta emitiera el decreto que da luz verde a ese proceso de regularización tanto en Arcos como en toda Andalucía. De hecho, Erdozain y los primeros beneficiarios se refieren a la culminación de este proceso como “un sueño hecho realidad”.
El delegado llegó a decir que había dos caminos: “el látigo”, en alusión a las sanciones, o el diálogo con los afectados. Sin embargo, esta regularización viene precedida de un importantísimo trabajo de catalogación e inventariado que ha dirigido escrupulosamente el director del nuevo PGOU, Pedro Ledo.
Se da la circunstancia de que muchas de las viviendas irregulares se han convertido debido a la crisis en la primera vivienda de sus propietarios. Además, el Gobierno aprobó recientemente en el Pleno la rebaja de un 50 por ciento de la tasa por regularización, con lo cual los afectados pagarán en torno a 60 ó 70 euros mensuales durante aproximadamente dos años.
En el caso de las viviendas regularizadas, se trata, a diferencia de otro elevado porcentaje, de inmuebles situados en zona no protegida especialmente. Esas primeras ocho viviendas tienen en común que fueron construidas antes de 2002.
Con este panorama, y en presencia de los afectados, Erdozain se preguntó a qué viene ahora las reuniones informativas sobre el tema que plantea el PSOE.
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