Los abogados andaluces aprovecharon el 12 de Julio (Día del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita) para reivindicar mejoras salariales y el duro papel que les tocó desempeñar durante la peor etapa de la pandemia del COVID, donde sus relaciones con las personas que acceden a la justicia gratuita se vio muy limitada por razones estrictamente sanitarias.
Por estos y otros motivos, los abogados de la Sierra de Cádiz adscritos al Turno de Oficio se concentraron a las puertas de los juzgados de Arcos para visibilizar su malestar pancarta en mano y leyendo un manifiesto “para conmemorar la altísima función de defensa de la ciudadanía que la Constitución Española confiere a los abogados, como expresión de la función social de una profesión comprometida con la sociedad, como lo han demostrado de manera ejemplar todos los abogados en los difíciles momentos vividos desde la declaración de la pandemia, cumpliendo un servicio esencial para la ciudadanía, salvaguardando sus derechos en una situación tan excepcional como la que nos ha tocado vivir”. El manifiesto, leído por la diputada del Colegio de Abogados de Cádiz Yolanda Saborido, exigió compensaciones económicas a los abogados de oficio, retribuciones que estén a la altura de la función que desempeñan, el incremento de los baremos, que se actualicen los módulos anualmente (no se hace desde el año 2009) y que se incluyan en el baremo todas las actuaciones procesales.
Los abogados sostienen que la pandemia “está siendo utilizada como pretexto para limitar derechos fundamentales de los ciudadanos”. “Esta situación debe ser corregida de inmediato para evitar los efectos perniciosos que durante este tiempo se han venido produciendo, el grave deterioro de la atención a los profesionales y a los ciudadanos en todas las administraciones, especialmente grave cuando afecta a la Administración de Justicia, en la que han sido constantes los obstáculos para el acceso a las sedes y oficinas judiciales”.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz ha venido reclamando permanentemente la eliminación de las barreras para poder recibir la atención personal y presencial necesaria, “obstáculos que se han instaurado en la labor cotidiana en los juzgados y tribunales, encontrando cada vez más dificultades en el desempeño de nuestro trabajo como abogados en defensa de nuestros clientes, que afectan muy negativamente a la dignidad de nuestra actividad profesional”.
Asimismo, los abogados expresan que elevan su voz “para que la sociedad conozca que la Administración de Justicia, los juzgados y tribunales nos han puesto muy difícil a los abogados el desempeño de nuestra actividad profesional cerrándonos sus puertas, y, de este modo, cerrando sus puertas también a la ciudadanía, porque no se puede olvidar que somos los abogados quienes articulamos las pretensiones de los ciudadanos ante los tribunales, somos su voz, somos los que les acompañamos en el Juzgado, los que velamos por sus intereses, los que defendemos sus derechos y libertades, los que pedimos justicia en su nombre”.
“Y nos hemos encontrado las puertas cerradas, con un mostrador vergonzante colocado en las puertas de las oficinas judiciales impidiendo el paso a los profesionales, teniendo que soportar restricciones impuestas arbitrariamente, sin sujeción a norma alguna, por los diferentes órganos judiciales para el acceso de los profesionales a las sedes judiciales, exigiéndonos cita previa, tener que justificar el motivo de su presencia en el Juzgado o esperar en la calle, lo que constituye un gravísimo ataque al derecho de defensa y la dignidad del ejercicio profesional de la Abogacía que resulta intolerable”.
“Una de las consecuencias que ha tenido la pandemia ha sido la pérdida de derechos y libertades de los ciudadanos, que lamentablemente perdura en el tiempo desde la declaración del estado de alarma, hace ya 28 meses, pese a las llamadas a la normalidad de nuestros gobernantes, que ha supuesto una peligrosa normalización de la pérdida de derechos; se ha normalizado que los ciudadanos no puedan acceder a la Administración a hacer valer sus derechos, se ha normalizado que los ciudadanos tengan que esperar en la calle sin poder acceder a una oficina de la Administración Pública, se ha normalizado que tengan que pedir una cita previa que no es atendida a tiempo, se ha normalizado que los ciudadanos sean atendidos de pie, en pasillos, sin el respeto que merecen”.
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