En el escenario de eterno retorno en el que vive la multinacional andaluza Abengoa, los trabajadores de la sede corporativa han visto interrumpida su jornada laboral con la irrupción esta mañana de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La operación estaba ordenada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una investigación iniciada en 2016, que se encuentra bajo secreto judicial, tras las querellas de varios accionistas por falsedad contable y gestión desleal del consejo de administración liderado por Felipe Benjumea y los auditores de la compañía.
En todo caso, y según fuentes cercanas a la actual dirección de la compañía, cuyo presidente es Juan Pablo López-Bravo desde la junta de accionistas de diciembre, las pesquisas y la actuación policial de esta mañana nada que tienen que ver con la actual marcha de la compañía y "los procesos que están en marcha", en referencia al concurso voluntario de acreedores y los esfuerzos de acordar un nuevo plan de rescate que saque a la empresa de la situación de quiebra, con una deuda total de alrededor de 6.000 millones de euros.
Antecedentes
Las querellas se remontan a 2015 y fueron interpuestas por abogados que representaban a varios accionistas e inversores de la compañía.
Estas querellas fueron la base para que la Audiencia Nacional ordenara en 2016 al juzgado número 2, a cargo del juez Ismael Moreno, que iniciara investigaciones por falsedad contable contra Deloitte, como empresa auditora de las cuentas de la multinacional, y casi 20 miembros del consejo de administración y la dirección de la compañía, entonces liderada por Felipe Benjumea.
Hay que tener en cuenta que a finales de 2016 precisamente Gonzalo Urquijo se hizo con las riendas de la compañía, después de que Benjumea dejara la presidencia ejecutiva de la compañía por imposición de los grandes acreedores, que impulsaron el primer plan de reestructuración que permitió la continuidad de las operaciones y salvar la situación de preconcurso en la que, cinco años más tarde, ahora se encuentra. Benjumea había dirigido la empresa desde 1991.
Precisamente uno de los principales motivos para una de las querellas fue el cobro por parte de Felipe Benjumea de 11,4 millones de euros como indemnización por su cese como presidente ejecutivo y su salida del consejo de administración tan sólo seis meses antes de la presentación preconcurso el 25 de noviembre en 2015, que fue el detonante para los procesos de todo tipo que se abrieron en 2016 y que, en gran parte, configuraron la Abengoa actual.
La Audiencia Nacional ya enjució y absolvió a Benjumea y al resto de directivos acusados de cobrar inmdenizaciones indebidas a principios de 2018. Una sentencia que no fue recurrida por parte de la parte acusadora y, por tanto, quedó en firme.
Sin embargo, la pieza sobre el maquillaje de las cuentas para ocultar grandes pérdidas, sobre todo en su división de energía solar, sigue adelante y de ahí la actuación policial de esta mañana.
Esta ocultación de pérdidas millonarias y la presentación de resultados económicos muchos más positivos de los reales provocaron que muchas personas invirtieran en la compañía bajo una premisa falsa, por lo que se sienten perjudicados y algunos se agruparon para presentar la denuncia penal.
Reacciones
La sindicatura que agrupa a los accionistas minoritarios enfrentados a la actual dirección, y que hace poco presentaron una oferta en firme para inyectar 250 millones con la participación de OHL, aseguraron esta mañana que aunque esta actuación policial no tenga relación con los actuales procesos en los que se encuentra inmersa la compañía "no es una buena noticia".
Los accionistas minoritarios afirmaron que "el dinero siempre es muy miedoso" y que estas operaciones policiales dañan la imagen de la compañía de cara a sostener las ofertas de futuros inversores, en un momento en que la empresa necesita liquidez de forma inmediata para salvar el concurso de acreedores.
Los sindicatos
La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, admitió que la noticia de que la Guardia Civil haya procedido a registrar varias dependencias de Abengoa "preocupa mucho", aunque "existe el máximo respeto a la actuación de la justicia", por los miles de puestos de trabajo que están en riesgo en una empresa con tanto peso y dedicada a la innovación en Andalucía.
Registro
Según comunicó la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez, a las puertas de la sede corporativa de la multinacional, ubicada en Sevilla, alrededor de 20 agentes de la UCO se habrían llevado en torno a medio centenar de ordenadores.
Los agentes habrían accedido a la empresa por la puerta de emergencia del edificio B de servicios centrales y subieron a las dos plantas donde están ubicados los servicios de contabilidad y de auditoría interna. En ese momento, pidieron a los empleados que pararan de trabajar y dejaran encima de sus mesas el DNI, para después realizar en registró e incautar documentación y equipos informáticos.
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