El frente judicial derivado de la crisis de Abengoa no hace más que agrandarse dentro y fuera de España. A la demanda de un arbitraje por parte de la petrolera mexicana Pemex por 18 millones de euros por un litigio en este país, se ha sumado otro de mucho mayor calado. La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juzgado número 2 de esta instancia judicial -que inicialmente las archivó- que tramite dos querellas por falsedad contable presentadas contra Abengoa, su auditor Deloitte y 19 miembros y exmiembros del consejo de administración en 2015 por abogados representantes de inversores de Abengoa.
Uno de esos abogados, Felipe Izquierdo, es otro de los querellantes en la demanda que ya se instruye en la Audiencia contra el expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por administración desleal al haber cobrado 11,4 y 4,4 millones de euros de indemnización seis y dos meses antes, respectivamente, de que Abengoa presentara preconcurso el 25 de noviembre del año pasado.
Ahora, además de ampliar el rango de delitos al de falsedad contable por la supuesta manipulación de las cuentas de la compañía, se extiende el ámbito de responsables de 19 personas físicas que son o fueron miembros del consejo de administración el pasado año. Entre ellos, además de Benjumea y Sánchez, están entre otros el exministro socialista José Borrell, consejero durante cinco años, y el exsocio empresarial del ministro Cristóbal Montoro, Ricardo Martínez Rico, entre otros.
Las dos querellas, que instruirá en paralelo el juzgado 2 de la Audiencia Nacional a cargo de Ismael Moreno, se sustentaron inicialmente en informaciones periodísticas. Ahora, tras ordenar la Audiencia a Moreno que investigue, los querellantes disponen de más pruebas para demostrar ese falseamiento fruto de las declaraciones y documentos conocidos en la instrucción de la querella por administración desleal.
Además, la empresa ha aflorado entre 2015 y los nueve primeros meses de 2016 la friolera de 6.600 millones en pérdidas, de las que 5.400 millones se han reconocido en el actual ejercicio.
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