La declaración de Gallo había sido solicitada por el PP, que ejerce la acusación particular, dentro de una serie de testificales -rechazadas por la jueza- que incluían al consejero de Empleo, Antonio Fernández, por su papel cuando era presidente del Servicio Andaluz de Empleo, al viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y a los concejales Alfonso Mir, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.
La declaración de Gallo, director de la Oficina de Coordinación de la Consejería de Presidencia de la Junta, se producirá en la parte del sumario que investiga la presunta petición de una comisión de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.
En dichas diligencias están imputados el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce, una funcionaria y el delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas.
Gallo fue la primera persona que recibió del Grupo La Raza una grabación, realizada el 27 de enero de 2009, con la petición de comisiones y quien inició el proceso para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía sevillana.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la jueza de instrucción 6 de Sevilla acuerda pedir a la Junta el expediente íntegro con la adjudicación de la subvención de 900.000 euros a dicha Escuela de Hostelería, ante la "eventualidad de que la que hay aportada a las actuaciones no sea completa, al aparecer desordenada siguiendo la foliación de la Fiscalía".
El PP había solicitado numerosas declaraciones y documentos, que la juez rechaza pues "lo único que podrían poner de relieve son decisiones políticas adoptadas con mayor o menor acierto y con mayor o menor diligencia, pero que en absoluto repercuten en la investigación criminal, que no política, que se está realizando en las presentes actuaciones", según el auto.
En su escrito, el letrado del PP había denunciado que ciertos aspectos de la subvención "no se entienden", como el hecho de que "el procedimiento se inicie el 18 de noviembre de 2008, el mismo día esté elaborada la Memoria, el mismo día se autorice el inicio del expediente y esté firmada la propuesta de resolución por la directora general de Formación para el Empleo".
La jueza responde que se trata de algo "irrelevante" a efectos penales pues no se ha cuestionado la legalidad de la subvención y todos los testigos e imputados "han puesto de manifiesto el enorme interés de la Administración en la Escuela de Hostelería".
El PP había pedido indagar por qué Gallo tardó 16 días, hasta el 13 de febrero, en entregar el CD que le dieron los empresarios de La Raza al viceconsejero de Empleo, y por qué el 4 de febrero le comunicó su contenido al alcalde de Sevilla, según dijo éste en una carta remitida a la Policía Judicial.
El PP afirma en su escrito que la esposa y dos cuñados de Gallo son personal de confianza del alcalde de Sevilla.
La jueza, por otra parte, tampoco accede a indagar el papel de Juan Lanzas, sindicalista de UGT, dentro de la consejería de Empleo y como intermediario para la concesión de la subvención.
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