El documento del Defensor es taxativo en cuanto a lo acertado de las medidas adoptadas por el Gobierno local.
En el comunicado, Chamizo manifestó que “nos parecen acertadas las medidas adoptadas por esta Alcaldía para la regularización del personal Auxiliar Administrativo al servicio del Ayuntamiento y la aprobación de los Reglamentos sobre gestión de Bolsas de Empleo de carácter temporal”.
Invalidación
En virtud de estos argumentos, el Defensor del Pueblo Andaluz legitima al actual Gobierno local para, tal y como describe el consistorio en una nota “invalidar los contratos realizados de forma irregular por el anterior equipo de gobierno del PP”, en el caso de que así lo estimase oportuno.
El escrito de Chamizo, en concreto, establece que “ante las situaciones irregulares de contrataciones de personal, procedería plantearse la revisión de oficio de los actos administrativos afectados, conforme al procedimiento establecido por la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en relación con dichos contratos, y que hubiese concluido, en su caso, declarando la concurrencia de las causas de nulidad de pleno derecho, del art.62 de la misma Ley 30/1992, declarando la invalidez de dichos contratos y la consiguiente cesación de las prestaciones laborales afectadas, con abono de los derechos económicos que procedieran”.
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