Respecto a si esa "mala fe" es de carácter político, el regidor manifestó a los periodistas a la salida del juzgado que no lo sabía y que no quería "ir más lejos".
"He ratificado la declaración que hice anteriormente y se me ha preguntado sobre ocho licencias concedidas por el Ayuntamiento", precisó Torreblanca, que, imputado por prevaricación, respondió que esas licencias contaban con informes favorables del arquitecto y del secretario municipal.
Respecto a la imputación por falsedad documental, relativa a un certificado al que el alcalde dio el visto bueno y que al parecer era falso, su abogado, José Carlos Aguilera, explicó que Torreblanca simplemente certifica que la firma es del secretario municipal, que es el responsable del documento.
"Estaba tranquilo y lo sigo estando, porque creo que las cosas se han hecho bien", aseveró el regidor, que fue ayer citado a declarar al Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga junto a dos policías locales de Almogía, un funcionario que en contadas ocasiones ejerció de secretario accidental, dos concejales y un técnico.
El abogado defensor recordó que la investigación "acaba de empezar y una vez que avance, cabe esperar que se archive, opción en la que confío, o bien continúe con el procedimiento penal correspondiente".
Aguilera aprovechó para criticar que irregularidades urbanísticas de este tipo se traten directamente por la vía penal, en vez de por la vía administrativa, "que ofrece mecanismos suficientes como para atajar estos casos".
Por otra parte, el secretario municipal del Ayuntamiento de Almogía declaró el martes ante la jueza que él no tenía capacidad para cuestionar informes técnicos de licencias de obras y que su función era "procedimental".
En este sentido, el imputado precisó que emitió esos informes jurídicos entendiendo que se cumplen los aspectos formales y procedimentales, que son los que le competen, e insistió en que, respecto al proyecto técnico, no tiene conocimientos para valorarlos.
La investigación judicial, que se centra en la presunta prevaricación de ediles y funcionarios, se inició a principios de este año, aunque transcurrieron varios meses hasta que intervino la Fiscalía de Medio Ambiente como consecuencia el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento, el pasado 20 de octubre.
En los últimos seis años, el Consistorio de Almogía ha incoado 283 expedientes de disciplina urbanística por construir en suelo no urbanizable, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en el campo y a la conversión de casas de aperos en viviendas.
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