En el auto, dado a conocer ayer por el PSOE, el juez acuerda decretar el embargo hasta cubrir el pago de lo adeudado, que la empresa cifra en 6.273 euros porque a los 4.825 le suma 1.447 euros más que calcula para gastos y costas procesales.
La secretaria local del PSOE y miembro del grupo municipal socialista, Justina Castillo, sostuvo además que las cartas, facturas y requerimientos que la empresa dirigió al Ayuntamiento para reclamarle el pago de lo adeudado "no llegaron nunca a su destinatario -la secretaria interventora del consistorio-".
Castillo, que se preguntó "quién y por qué ha estado ocultando esa información", ha mantenido que el alcalde, Fidel Prieto (PP), tenía conocimiento del impago porque el pasado mes de mayo firmó el exhorto emitido por el juzgado reclamando el pago.
Según Castillo, el alcalde tampoco lo comunicó aquella vez a la secretaria, que una vez llegó la orden de embargo, este mes, decretó el registro de los escritos recibidos durante los dos últimos años.
Según la socialista, la secretaria emitió además un informe en el que hacía constar que se había dado una "actuación negligente y gravemente dañosa para los intereses del Ayuntamiento", a cuyos responsables debería exigirse en su opinión responsabilidad penal, administrativa y patrimonial.
En ese informe también hacía constar que se habían realizado gastos sin contar con la preceptiva consignación presupuestaria, que se había ocultado información a los órganos de gobierno del consistorio y que los escritos dirigidos a la secretaria interventora nunca le llegaron.
La secretaria de Organización del PSOE de Granada, Mercedes González, instó al alcalde a que depure responsabilidades y dimita por su "incompetencia e incapacidad".
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