La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha calificado este lunes como "gravísimo error" una hipotética derogación de la reforma laboral al argumentar que desde su entrada en vigor ha propiciado que "la caída del PIB sea ahora más intensa que la destrucción del empleo" y ha reclamado igualmente la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) más allá del estado de alarma para evitar "dejar caer a plomo a las empresas y los trabajadores".
Blanco ha participado en un encuentro digital organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Sur, titulado Economía, Empleo y Mercado Laboral: ¿Preparados para la recuperación?, junto al catedrático de Economía José María O`Kean y la directora del Área Laboral de Mercer, Gloria Villar.
La consejera de Empleo ha defendido la pervivencia de la actual reforma laboral, objeto de polémica tras el acuerdo parlamentario alcanzado por el PSOE con EH Bildu durante la negociación de apoyo a la aprobación de la prórroga de la declaración del estado de alarma, tras argumentar que "hasta la reforma, la caída del PIB suponía siempre un hundimiento mayor del empleo", que ha sustentado con el dato de que "un punto de caída del PIB suponía 2 o 3 puntos más de desempleo".
"Las empresas optaban por el despido ante la rigidez del mercado laboral y los problemas de tesorería", ha proseguido afirmando Rocío Blanco, aun cuando ha reconocido que no ha logrado atajar la tasa de temporalidad del mercado de trabajo, más acusada en el caso andaluz, un 34% frente al 26% de la media nacional. "Pero ha conseguido mantener el empleo", ha apostillado la consejera de Empleo, de ahí que haya estimado necesaria la prolongación de la vigencia prevista de los ERTE, asociada al estado de alarma, a esos efectos.
La consejera de Empleo ha demandado la continuidad de los ERTE tras alegar que "es una lástima después de un gran esfuerzo presupuestario, de 5.000 millones de euros mensuales, 3.000 para las prestaciones, 1.500 que deja de ingresar la Seguridad Social en cuotas y 500 para las prestaciones autónomos, sería una pena que se deje caer a plomo a las empresas y los trabajadores".
Blanco, que ha considerado que "la legislación sobre los ERTE ha tenido fallos", además de describirla como "amplísima y confusa", ha expresado su convencimiento de que "hemos echado en falta medidas directas" y ha reivindicado la adopción de la declaración responsable de las empresas como medida que hubiera garantizado un pago ágil a los trabajadores afectados por los ERTE, que en el caso de España ha cifrado en "400.000 trabajadores, según los datos de los sindicatos, que aún no han percibido o han percibido una parte del ERTE".
La consejera de Empleo ha sostenido que con la declaración responsable "la Tesorería General de la Seguridad Social hubiera hecho esos ingresos a las empresas y los trabajadores hubieran cobrado inmediatamente", un planteamiento que ha explicado han planteado al Ministerio de Trabajo "por carta, teléfono y whatsapp". Blanco ha apuntado "un profundo desconocimiento del procedimiento administrativo por el Ministerio".
PAE: PRIMERA VÍCTIMA DE LA PANDEMIA
Blanco ha reivindicado la necesidad de las Políticas Activas de Empleo (PAE), que ha considerado como "la primera víctima de la pandemia" una vez que en la Conferencia Sectorial de Empleo el Gobierno decidiera suprimir las transferencias presupuestarias por este concepto hacia las comunidades autónomas para afrontar a cambio los gastos de las prestaciones por desempleo, y que en el caso de Andalucía ha entrañado que "nos eliminasen 200 millones de euros".
La consejera de Empleo, que ha esgrimido que "en Andalucía se han perdido 1.300 millones en Políticas Activas de Empleo desde su paralización en 2011", ha sostenido que "es muy difícil resolver una crisis sin las Políticas Activas de Empleo" y ha defendido el cambio de orientación que ha emprendido el Gobierno andaluz en este ámbito al pasar de "una formación subvencionada a que se ha apostado por la licitación". Blanco ha recordado que la primera licitación la hizo el 31 de marzo el Gobierno andaluz por importe de 41 millones.
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