Entretanto, uno de los afectados por la muerte de parte de su rebaño hacía llegar hasta esta redacción la documentación que demuestra que desde 2004 ha efectuado un total de cinco denuncias; tres de ellas ante la Guardia Civil, una ante la Junta de Andalucía y una ante el Ayuntamiento de Estepona, sin que se haya puesto de momento remedio a una situación que literalmente está llevando a la ruina a una de las pocas granjas caprinas del municipio.
El seprona
En mayo de 2004, José Francisco Gómez Vargas, interponía ante las dependencias del SEPRONA una denuncia en la que se dejaba constancia de que el denunciante había advertido a los ocupantes de un camión que el herbicida que estaban rociando en el lugar podría afectar a su ganado, ya que el mismo para acceder a los pastos tenía que pasar por dicha vía al ser vía pecuaria, ante lo que los fumigadores contestaron que no iban a parar en su actividad al estar autorizados por la Diputación Provincial.
Ya en marzo de 2009, el denunciante volvía a interponer una segunda denuncia en la que volvía a informar de la fumigación con herbicida en la carretera que va de Estepona a Peñas Blancas, haciendo saber además que algunos de sus animales presentaban un malestar que no queda especificado, al igual que sucede en la tercera denuncia ante la Guardia Civil, fechada en octubre de este mismo año.
Ante el ayuntamiento
El ganadero también en 2004 hacía saber al Ayuntamiento de Estepona que su rebaño moría tras ingerir los pastos fumigados y solicitaba una solución por parte del Consistorio.
Cinco años después de este escrito, el edil no adscrito, Rafael Montesinos, se hacía eco de la terrible situación de este empresario de la localidad, poniendo en conocimiento de nuevo de las autoridades locales las consecuencias medioambientales que estaba ocasionando el uso de herbicidas en la sierra esteponera.
El asunto, tratado en pleno donde se debatió la moción del edil, provocó que Carmen Ocaña asegurara que el asunto estaba siendo tratado por su delegación, pero demostró no estar muy al tanto del tema al negar que se estuvieran realizando fumigaciones en la zona, cuando la realidad constatada por este periódico es justamente la contraria.
La Junta de andalucía
Finalmente, no ha sido hasta este mes de octubre, cuando Gómez Vargas, ya decidía denunciar los hechos ante la Junta de Andalucía después de que la administración local no diera respuesta al problema sosteniendo que para demostrar que las muertes de los animales tiene que ver con la fumigación, el ganadero debía mandar un informe en el que conste el resultado de la analítica de las vísceras. Sin embargo, esto contradice un informe de la Junta en el que, además de descartar que se trate de lengua azul, se insta a la paralización de la fumigación en la zona y se solicita un informe veterinario de los animales muertos.
Este viernes estaba prevista una reunión en la delegación provincial de Agricultura, en la que se iba a abordar el asunto, según anunció la edil responsable de Agricultura.
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