Del total de enjuiciamientos a menores, 1.069 fueros por delitos (824 por menores de entre 16 y 17 años y 245 por menores de entre 14 y 15 años), 396 por faltas y 168 sin medidas, siendo Cádiz con un 21,4 por ciento donde se acordaron el mayor número de medidas de internamiento.
Lara, que calificó de “desastrosa en su conjunto” la situación de la justicia de menores en Cádiz, destacó que la Bahía de Cádiz cuenta tan sólo con 92 plazas en dos centros de internamiento de menores en régimen de semiabierto y cerrado.
El portavoz de la Apdha, significó que la visión de la justicia de menores en Cádiz es “bastante deficiente, por no decir desastrosa”, lo que “exige cambios en profundidad en cuanto a los medios y a la filosofía”.
Entre otras cuestiones, destacó la falta de medios e infraestructuras; la provisionalidad de jueces y fiscales; la excesiva duración de los procesos; la falta de especialización; el escaso uso de los sistemas de mediación; el abuso de los internamientos, con “el porcentaje más alto de Andalucía” en la provincia de Cádiz; o la privatización de los centros de menores.
Juzgado de menores
El informe expone las “carencias” y también “propone soluciones”. La primera de sus conclusiones es reclamar el “urgente “traslado de la actual sede del Juzgado de Menores de Cádiz de su ubicación actual —en la calle San Francisco— a la Audiencia Provincial mientras que se construye la futura Ciudad de la Justicia.
En este sentido, argumentó que debido a las dependencias “se incumple” durante la detención la obligación de “garantizar la intimidad del menor, su seguridad y santidad”, aludiendo a la dificultad de los traslados, a los “calabozos insuficientes”, la ausencia de una Sala de Togas para los letrados o la “imposibilidad de evitar el contacto visual entre los infractores y las víctimas” en dicha sede, donde “tampoco existe un sistema de videoconferencias”.
Por otra parte, el informe destaca la “urgencia” de impulsar desde las entidades competentes y desde la Fiscalía y los juzgados de menores figuras como la mediación, reparación y conciliación para evitar el proceso judicial tanto a la víctima como al menor infractor.
Asimismo, considera necesario implantar un sistema “distinto para las faltas y para los delitos” con el objetivo de impulsar un procedimiento penal de menores “rápido y eficaz”, abogando también por el impulso de las “sentencias de conformidad” en los juicios de menores, en los términos previstos legalmente.
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