En declaraciones a este periódico, el portavoz ecologista Juan Clavero asegura que el Consistorio “tiene la obligación de hacer cumplir una sentencia contra la que no cabe recurso, de lo contrario estaría cometiendo prevaricación”. Fuentes del colectivo conservacionista señala que “es evidente a todas luces que están mirando para otro lado para dejarle un tiempo a la empresa, que está trabajando a destajo siete días a la semana, para que saquen todas las piedras que puedan”. Desde EA sospechan que “esta connivencia es fruto de que un alto responsable de la empresa fue concejal de IP hace años junto al actual alcalde, Enrique Moresco”, por lo que van a solicitar que “se investigue a fondo el asunto”.
IU exige medidas
A estas críticas se ha sumado IU, que asegura que “en días pasados remitió un escrito a la concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra, para que se pusieran en marcha los trámites necesarios para que se ejecutara la sentencia del TSJA “sin que hasta ahora hayamos recibido ningún tipo de respuesta”. La coalición manifiesta su “sorpresa” tras las declaraciones de los vecinos, donde indican que “desde hace diez días se había cursado la orden de paralización sin que hasta el momento se haya llevado a cabo”. Para su portavoz, Pepa Conde, “es inadmisible que en este tiempo no hayan sido capaces de notificar la paralización a quien corresponda y que ésta fuera un hecho”, lo que demuestra que “no hay interés en que la sentencia se lleve a cabo”. Por ello, muestra su “apoyo a los vecinos que quieren llevar el caso a la Fiscalía” y exigen que “se lleven las medidas necesarias para restablecer el impacto que la actividad de la cantera ha supuesto en el medio ambiente”.
Desde la Concejalía de Urbanismo aseguran que ofrecerán explicaciones a este medio una vez presentado el documento de aprobación provisional 2 del PGOU.
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