Según los datos hechos públicos por el PP de informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía, las 93 empresas públicas, participadas o fundaciones de la Junta arrojaron en el año 2007 una deuda viva de 234 millones, 181 a corto plazo y 53 a largo plazo.
El año 2008 se cerró con 52 millones más de deuda, es decir 286 millones en total, a lo que hay sumar los 2.894 millones que destinó la Junta para estas empresas en el presupuesto de 2008, detalló en rueda de prensa el portavoz en Economía del PP, Salvador Fuentes.
"Nos encontramos ante una administración paralela que devora recursos públicos en la mayoría de los casos, que está creando una situación insostenible en la caja de la Junta", alertó el diputado popular, que responsabilizó de esta situación a la gestión de Griñán como consejero de Economía y presidente andaluz.
En el primer trimestre de 2009 las empresas públicas han formalizado un crédito de 901 millones de euros, mientras en 2008 formalizaron 857 millones, es decir 57 millones más en este ejercicio, un práctica que resta créditos a la iniciativa privada, agregó Fuentes.
La conclusión -enfatizó- es que en dos años como consejero y presidente Griñán ha colocado la economía andaluza en una "especie de bancarrota", una situación -recordó- que ha puesto de manifiesto la Intervención General de la Junta, lo le llevó a sostener que PSOE es "igual a paro y a despilfarro.
Además, señaló que la Intervención General del Estado recoge en el 2008 un déficit de 1.200 millones de euros sobre una previsión inicial de equilibrio presupuestario, a lo que hay que añadir una liquidación negativa de 1.440 millones por los anticipos de la financiación autonómica.
Los populares exigieron a la Junta que pague esta deuda al Gobierno con los 3.500 millones "debe el Estado a Andalucía por no realizar las inversiones previstas desde el 2005".
La situación "se empeora todavía más", a juicio de Fuentes, ya que la Junta deberá devolver en el 2009 unos 1.600 millones del Fondo de Suficiencia Financiera por haber fijado previsiones de ingresos que "no se ajustan a la realidad y fueron formuladas al alza".
"Es posible rebajar el despilfarro y acabar con la política incrementalista del Gobierno sin tocar las políticas sociales", indicó Fuentes, que abogó por recortar el gasto corriente, las transferencias de capital o las subvenciones a empresas públicas.
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