Según se indica en uno de los informes policiales incluido en la causa, según distintas informaciones procedentes de la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC), Antonio Barrientos figuraba en un asunto instruido por el Sepblac "y del que se dio cuenta a la Fiscalía Anticorrupción, donde se ponía en conocimiento de unos hechos que por su desarrollo bancario no aparecían debidamente justificados".
En dicho informe se detallaba, añade el documento al que tuvo acceso Europa Press, que el Ayuntamiento "fue beneficiario" de dos cheques pagados por el Bank of América S.A. de Madrid, emitidos por un banco radicado en las Islas Caimán, el día 11 de octubre de 2006 por importes de 896.053,80 euros y 281.619,91 euros y fueron ingresados en una cuenta titularidad del Ayuntamiento.
La Policía señala que una vez comprobado los movimientos de dicha cuenta, "efectivamente en fecha 17 de octubre de 2006 aparece el ingreso de dos cheques emitidos por otra entidad por los importes expresados".
NÓMINAS
Por otro lado, el sumario revela además que "son muchos los ingresos provenientes del sector privado de la construcción y de convenios de los que se hace depender el pago de nóminas y gastos corrientes del Ayuntamiento", lo que supone ir contra la legislación vigente que prohíbe expresamente dar ese destino a "ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales".
Según uno de los informes se pone como ejemplo la carta de septiembre de 2003 dirigida al concejal de Hacienda Manuel Reina que menciona que el presidente del grupo Prasa, imputado en la causa, "solicita" que la transferencia de 300.000 euros realizada a favor del Ayuntamiento "se destine como donación --o más bien contraprestación económica-- a financiar única y exclusivamente el Capítulo 1. de Personal del Presupuesto de Gastos de ese Ayuntamiento de Estepona".
"La sociedad no efectúa ese pago sin más, sino que lo realiza como
contraprestación económica por alguno de sus convenios urbanísticos firmados en la localidad de Estepona", señalan los investigadores, quienes apunta que "en este caso, se observa claramente como ha tenido que ser algún alto cargo del Consistorio" el que le haya dicho al empresario "donde tiene que ir dirigida la citada cantidad, que en esta ocasión ha sido el presupuesto de los gastos de Personal".
Asimismo, en otro de los documentos se señala que en la época en la que Manuel Reina era concejal de Hacienda, Francisco Zamorano "le comentó que para satisfacer ciertos pagos, se "equivoque" al emitir las nóminas incluyendo en éstas el dinero adeudado". "Así, la cantidad que tienen que solicitar al Patronato para hacer frente al pago de las nóminas sería de un valor más elevado al real", precisa la Policía.
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