En concreto, las víctimas recibían un mensaje de texto en su teléfono móvil, en el que una supuesta empresa de mensajería urgente les instaba a retirar un paquete a su nombre. Para ello, debían contactar con una línea 905 de tarificación adicional, un número telefónico de alto coste.
Debido a la similitud del nombre de la empresa utilizada para cometer el fraude con una conocida empresa de transporte de paquetería, multitud de personas realizaron la llamada a la línea 905 interesándose por el supuesto paquete.
En el primer contacto que se establecía con esta línea, una locución automatizada les comunicaba que habían recibido un "paquete promocional" para disfrutar siete noches de alojamiento en un hotel rural, pero que para hacerlo efectivo debían enviar un mensaje de texto (SMS). El envío de este mensaje solicitaba un nuevo mensaje, hasta un total de 20 números diferentes.
De la investigación de los titulares de los 905, así como de los prestadores finales del servicio de los distintos números SMS Premium, se llegó a la conclusión de que el autor de los hechos era un hombre, cuyas iniciales son M.G.C., titular de un comercio de Sevilla, dedicado a la prestación de servicios de telefonía, beneficiaria final de la facturación llevada a cabo por las líneas 905 y por los SMS Premium, por lo que se procedió a su detención.
Así, el detenido había creado toda la infraestructura necesaria (suscripción de líneas, contratación de SMS Premium, obtención de números de teléfono, envío masivo de SMS, etc.) utilizando una plataforma de envío de mensajes SMS a través de Internet, ubicada en un paraíso fiscal.
MÉTODO SIMILAR AL SPAM
La metodología utilizada para llevar a cabo la estafa es una variante del popular "spam" (correos no deseados) pero a través de mensajes cortos a móvil, en lugar de vía correo electrónico.
La operación, denominada "Paketes", se inició en marzo y ha permitido poner fin a estas estafas que, si bien no acarrean un perjuicio económico excesivo individualmente, suponen elevados beneficios que se aproximarían a los 150.000 euros en el conjunto de las cerca de 10.000 víctimas.
La operación ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción número. 35 de Madrid y ha sido llevada a cabo por el Grupo de Fraudes en las Telecomunicaciones de la Brigada de Investigación Tecnológica, de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, y por el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
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