Actualizado: 22:27 CET
Domingo, 24/03/2019

Córdoba

Colectivos exigen la lista de bienes inmatriculados de la Iglesia

Consideran que buena parte del patrimonio histórico, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, "así como decenas de miles de bienes"

  • CATEDRAL-MEZQUITA

La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos, ha exigido este martes al Gobierno que, antes de finalizar la legislatura, cumpla con el mandato parlamentario y con su compromiso político de hacer público el listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia católica. 

Consideran que buena parte del patrimonio histórico del Estado español, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, "así como decenas de miles de bienes de todo tipo", han sido inscritos de forma irregular por la jerarquía católica en lo que, a su juicio, "representa el mayor expolio inmobiliario de la historia contemporánea".

Recuerda, en una nota, que una Proposición no de Ley, acordada de forma mayoritaria por los grupos parlamentarios en abril de 2017, instaba al Gobierno a la elaboración y difusión del citado listado.

Unos bienes que, según cálculos de Recuperando, podrían llegar a 40.000. Solo en Navarra han contabilizado 2.500, unas cifras que según ha explicado a Efe uno de los integrantes de la Coordinadora, Antonio Manuel Rodríguez han sido reconocidos incluso por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Añaden que el 2 de agosto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a completar el listado y hacerlo público, y que el Ministerio de Justicia avanzó que estaba procesando los datos para publicarlos.

Pero, tras nueves meses de comenzar la elaboración del listado, el Ejecutivo no ha cumplido su promesa, motivo por el que han pedido reunirse con la vicepresidenta del Gobierno y con la ministra de Justicia.

Una petición a la que la vicepresidenta, aseguran, les ha contestado señalando que “está trabajando bilateralmente con la Iglesia católica” en el asunto de las inmatriculaciones, respuesta ante la que la coordinadora muestra su preocupación por que se esté alcanzando algún “apaño” político que "escamotee la obligación gubernamental de dar cumplimiento al mandato parlamentario".

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