El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha aplaudido este viernes que el Gobierno haya aprobado el real decreto ley que modifica el artículo 29 de la ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) para que sean los bancos quienes paguen este impuesto en la suscripción de hipotecas, y no los clientes como hasta ahora.
No obstante, ha llamado a la reflexión sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas para que éstos no se vean envueltos en polémicas como, a su juicio, suele ocurrir, y tengan certidumbre para que, a su vez, la tengan a la hora de financiarse los servicios públicos.
Así lo ha puesto de manifiesto Ramírez de Arellano a preguntas de los periodistas en Huelva, donde se ha referido al decreto del Gobierno y ha recordado que éste acaba de ver la luz por lo que la administración regional requerirá de unos días para analizar y determinar cómo se llevará a cabo la adaptación de la parte que compete a la autonomía.
En este sentido, ha hecho hincapié también en que Andalucía está inmersa en un periodo electoral, de manera que ha incidido en que las propuestas que se puedan hacer deben trasladarse de manera correcta ante el escenario político que se abre. En su opinión, hay que estudiar "qué tipo de cambio requeriría la legislación andaluza para intentar paliar los efectos que se ven desde distintos colectivos a estas cuestiones".
El consejero ha explicado que ante esta modificación impulsada por el Gobierno el resto de administraciones tiene que "reposicionarse" ya que no es lo mismo que dicho impuesto lo asuman los bancos que los ciudadanos. A este respecto ha puesto como ejemplo que en la legislación andaluza existen bonificaciones para determinados colectivos cuando el impuesto lo pagan los ciudadanos y "si ahora lo van a pagar los bancos hay que reconsiderarlo", ha dicho.
Cuestionado por cómo afectará a las arcas públicas andaluzas, el consejero de Economía ha recordado que en la sentencia del Tribunal Supremo, luego revertida, "no quedaba claro el periodo de retroactividad". En Andalucía afectaba a 300.000 hipotecas que suponían más de 600 millones en los últimos cuatro años que el periodo que se pueden entender que no estaban prescritos. Por su parte, "el Gobierno andaluz estaba preparado para devolver ese dinero".
Tras remarcar que el aspecto sobre la responsabilidad de los bancos se ha revertido, Ramírez de Arellano ha calificado de "poca satisfactoria" la manera de actuar del Supremo, ante lo que el Gobierno de España ha actuado "mirando al futuro porque no puede actuar de manera retroactiva".
Así, el Ejecutivo ha aprobado que sean "los bancos los que tienen que pagar el impuesto de actividades jurídicas documentadas de las hipotecas", ha proseguido el consejero, que ha enfatizado en la complejidad de esta cuestión.
Tras aplaudir el cambio normativo, ha apuntado que "es fundamental que las personas y operadores jurídicos funcionemos con estabilidad y no sujetos a cambios". Convencido de que la aclaración realizada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "fundamental" porque es "más razonable" que los bancos asuman dicho impuesto, ha señalado que "todos debemos reubicarnos ante esta nueva realidad".
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Finalmente, el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, ha instado a que se realice "una reflexión urgente" sobre los impuestos cedidos a las comunidades autónomas.
Así, ha recordado que los distintos gobiernos de España ante los modelos de financiación autonómica han tenido como "costumbre" ceder a las comunidades autónomas "la gestión de impuestos complejos y objeto habitual de pleitos y reclamaciones" por cuestiones como el hecho de que no esté claro quién debe pagar o haya discusión sobre la base imponible, por ejemplo, quedándose el Estado con impuestos menos dados a la polémica como la renta o el IVA.
"No puede ser que las comunidades autónomas estén rodeadas por pleitos e incertidumbre" porque "determinados partidos lo usan para poner en cuestión los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas", ha explicado, y en todo esto "el perjudicado es el ciudadano".
El consejero ha abogado por un modelo de financiación "con certidumbre" porque en el caso del impuesto de las hipotecas es de "regulación estatal con margen de maniobra de las comunidades autónomas", las cuales son "las perjudicadas en casos de problema y sin capacidad normativa para actuar". Ha puesto como ejemplo lo ocurrido con el impuesto de Sucesiones y la polémica que se genera, por lo que, a su entender, hay que "reflexionar ante el nuevo modelo de financiación ya que los servicios públicos necesitan certidumbre a la hora de financiarse".
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