Hace unos días la ex ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, apuntaba al "deterioro" en la educación marcando diferencias entre las comunidades autónomas. Su ejemplo no pudo no ser más desafortunado: "En Andalucía, aseguraba, te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León". Inoportuno e inapropiado por el momento en el que estamos: unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina (flaco favor le hizo al candidato del PP, Juanma Moreno Bonilla) y unos niños convertidos en un instrumento para sacar réditos políticos, pese a las matizaciones que llegaron a posteriori: no, no eran los niños sino la política educativa del Gobierno andaluz. Ah! Como madre de dos hijos observo indignada la falta de compromiso de todos los partidos por alcanzar un acuerdo en materia educativa. Y este deterioro al que alude la ex ministra no es exclusivo de Andalucía, basta con echar un vistazo allende Despeñaperros para comprobar que la educación está sometida a los deseos cambiantes de cada gobierno. ¡Hasta cuatro leyes educativas hemos tenido en los últimos 30 años!. Quién o quiénes son los responsables de estos vaivenes. Miremos a la Carrera de San Jerónimo, allí se encuentra el meollo de la cuestión. En estos últimos treinta años nuestros representantes políticos han evidenciado su incapacidad de aparcar las siglas para sentarse a dialogar y construir un pacto con todos los actores implicados. Podemos responsabilizar a unos, culpar a otros. Pero no, señora Tejerina, los problemas educativos en Andalucía no difieren del resto de comunidades. El problema, sabe, está en todos ustedes, que lejos de apostar por una reforma educativa pensando en el futuro de este país, se obstinan en no dialogar. Y de esta obstinación surge el malestar del profesorado, la desilusión de los padres, la frustración de los alumnos y la cosecha de sucesivos informes, entre ellos el PISA, al que se acoge para atacar la educación andaluza. Y pese al enfado de madres y padres, ustedes se siguen acusando mutuamente, PISA nos sigue suspendiendo, pero en realidad se penaliza al país entero, especialmente a nuestros hijos. Y ante tanta charlatanería, las mayorías absolutas se convierten en un excelente atajo para fabricar una enseñanza ideologizada. ¿Acaso no recuerda la ex ministra, y no hace tanto tiempo de ello, de lo que hizo su partido cuándo estaba en el gobierno? No sólo quitó de las aulas la filosofía, con la famosa ley Wert, sino que su partido “sugirió” incluir en el temario educativo información sobre la defensa de España, las Fuerzas Armadas y símbolos nacionales. Vamos, a españolizar a todo bicho viviente. Claro que no todos tendrán la suerte del señor Pablo Casado de no necesitar ni estudiar ni asistir a clase para aprobar. Aunque no se equivoquen, ese es un mal modelo, la ausencia de formación y cultura salta a la vista.
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