El propo Manuel Pastrana aseguraba ayer en Huelva que de la concertación social deben de salir medidas que permitan estabilizar los niveles de empleo en el conjunto de la comunidad autónoma y recuperar la actividad económica.
Según Pastrana, existe una "definida" voluntad de sindicatos, Junta y empresarios por tratar de alcanzar un acuerdo lo antes posible, una vez que ya se avanzó en julio ante la postura de desbloqueo de la patronal con la negociación colectiva y los convenios.
Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, aseguró ayer que la negociación de la concertación, junto a una serie de movilizaciones que comenzarán a partir del 7 de octubre en defensa del empleo y la protección social, será uno de los ejes de trabajo del sindicato, apostando porque el acuerdo esté firmado antes de que se inicie el debate de los presupuestos de la Junta para 2010, que los aprueba el Consejo de Gobierno a finales de octubre.
Carbonero confió en la buena voluntad de las partes para dinamizar el diálogo y que pueda estar concluido en torno al mes de octubre con el objetivo de que las partidas económicas que se acuerden se incluya en los presupuestos autonómicos de 2010.
Carbonero defendió que la Junta se endeude hasta el tope máximo permitido por el Estado, e incluso planteó que el grado de endeudamiento de cada comunidad varíe en función de su situación, ya que, en el caso de Andalucía, "no es de las más endeudadas, pero sí de las más necesitadas" por el elevado nivel de desempleo.
Para CCOO, los presupuestos también tienen que garantizar las políticas sociales y su líder reclamó una mayor dotación de medios para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) puesto que en esa situación "no es posible dar una respuesta de calidad a los parados" y orientar la formación a las necesidades del mercado.
Otras apuestas de CCOO para este curso son más recursos para el plan E y la renovación de los planes de la Junta para apoyar a los parados Proteja y Memta y en este sentido planteó que las demandas de empleo de dicho planes pasen por el Servicio Andaluz de Empleo.
Pidió a los ayuntamientos, que gestionan el Plan E, que no entren en la dinámica de aceptar empleos con salarios por debajo de lo estipulado en los convenios colectivos y advirtió de que CCOO denunciará los incumplimientos en esta materia.
Pastrana también cifró en 185.855 los parados que actualmente no cobran ninguna prestación social en Andalucía para hacer frente a su situación de desempleo, por lo que pidió que la prestación mínima por desempleo se aumente a 527 euros frente a los 421 que se cobra actualmente (el 64 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples IPREM y CCOO plantea que llegue al cien por cien).
Desacuerdo con los 420 euros del Gobierno
También mostró su desacuerdo con los 420 euros que el Gobierno concederá a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo con efectos de enero de 2009 y ha considerado esta medida "insuficiente" y "discriminatoria".
Según Carbonero, esa prestación se debería conceder no en función de la fecha en la que se agotó el seguro del paro sino basándose en unos criterios distintos para poder a atender a personas que lo necesiten y que se quedan fuera por motivos del calendario.
También demandó a la Junta el desarrollo efectivo del Plan de Vivienda, firmado el año pasado, y en el que los ayuntamientos tienen un papel primordial, pero sin embargo "se muestran perezosos" en su puesta en marcha, según Francisco Carbonero, quien también incidió en la necesidad de que la banca libere recursos.
Las reivindicaciones sindicales también se dirigen a los empresarios, a los que CCOO exigió que se desbloquee la negociación de 485 convenios colectivos y ha pedido a la Confederación de Empresarios de Andalucía que "no judicialice las relaciones laborales".
Carbonero volvió a reclamar a la Junta que defienda ante el Gobierno central el traspaso de unos 500.000 trabajadores del régimen especial agrario de la Seguridad Social al régimen general.
Expuso que la pensión media de los del REAS es de 556 euros y la del régimen general es de 1.069 euros mensuales.
Asimismo, defendió la política fiscal del Gobierno al afirmar que "los que tienen más tienen que pagar más" sobre todo en esta coyuntura para hacer mantener los niveles de protección social.
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