La del uso de fondos públicos por la antigua fundación Faffe, a raíz de conocerse que se pagaron casi 15.000 euros en un club de alterne con una tarjeta de crédito asignada a su director gerente, será la cuarta comisión de investigación que celebre el Parlamento de Andalucía a lo largo de su historia.

De las tres anteriores, sólo se aprobó un dictamen con las conclusiones en una de ellas. Otra se cerró en falso, sin que los miembros de la comisión se pusieran de acuerdo a la hora de aprobar las conclusiones, y la tercera no llegó a culminar su trabajo, porque el presidente de la Junta entonces, Manuel Chaves, disolvió el Parlamento y convocó elecciones.

Eran los años de la pinza. La primera comisión de investigación puesta en marcha en el Parlamento de Andalucía se constituyó después de que Manuel Chaves perdiera la mayoría absoluta en 1994.

En 1995 el Parlamento, en el que la oposición del PP e IU sumaban mayoría, aprobó la creación de una comisión para investigar los créditos que la antigua Caja de Jerez, en ese momento ya fusionada con la Caja San Fernando de Sevilla, había concedido a varios dirigentes socialistas, entre ellos el propio presidente andaluz.

Parlamento disuelto

La comisión echó a andar, e incluso el propio Manuel Chaves se vio obligado a comparecer ante ella para dar explicaciones. Fue el 21 de diciembre de 1995.

La falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos fue el argumento que adujo el presidente para disolver el Parlamento y convocar elecciones, que se celebraron el 3 de marzo de 1996.

Una de las consecuencias que tuvo aquella convocatoria electoral fue que la comisión de investigación quedó disuelta al mismo tiempo que se disolvía el Parlamento que la había aprobado. Los trabajos nunca se retomaron.

La investigación de los ERE

Pasarían 22 años antes de que el Parlamento diera luz verde a la creación de una segunda comisión de investigación, en este caso para analizar las ayudas sociolaborales concedidas por la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2010 a empresas en crisis, y que en 2011 dieron lugar al denominado caso ERE, cuya causa principal, la denominada pieza política, se juzga en estos momentos en la Audiencia de Sevilla.

El PSOE se resistió, desde que estallara el escándalo judicial, a que se creara esta comisión de investigación. Y así fue mientras tuvo mayoría absoluta en la Cámara.

PP e IU interpretaron la negativa del PSOE como un intento de los socialistas por proteger al presidente de la Junta, que entonces ya era José Antonio Griñán, que anteriormente había sido consejero de Hacienda, y a otros destacados miembros del partido, los cuales podrían haber tenido alguna responsabilidad en la trama corrupta.

De hecho, tanto Griñán como Chaves, además de otros seis antiguos miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se encuentran entre los 22 procesados que están siendo juzgados en estos momentos en la Audiencia de Sevilla.

En 2012, el PSOE perdió las elecciones andaluzas, aunque mantuvo la Presidencia gracias al apoyo de IU en la investidura, que de esta forma impedía al líder del PP-A de aquel momento, Javier Arenas, convertirse en presidente de la Junta.

Eso sí, entre las condiciones que IU puso para apoyar la investidura de Griñán estaba la de crear la comisión de investigación del caso ERE.

Aquella comisión de investigación se creó en junio de aquel año. Y finalizó sus trabajos en noviembre. José Antonio Griñán compareció en la misma por petición propia. El Parlamento de entonces, sin mayorías, era como una jaula de grillos y en la comisión de investigación cada formación defendió sus propias conclusiones sin atender las de los demás, de tal forma que no hubo manera de que se aprobara un dictamen.

Los socialistas responsabilizaban de las irregularidades sólo al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. IU extendía la responsabilidad a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, y el PP a todos, desde Chaves y Griñán hacia abajo. Así que la comisión de disolvió sin que se llegara a ningún acuerdo.

La comisión del pacto PSOE-Cs

La última comisión de investigación que se ha celebrado en el Parlamento de Andalucía, hasta ahora, fue la que investigó el presunto fraude en los cursos de formación. Se constituyó al inicio de la presente legislatura, tras el acuerdo de investidura alcanzado en 2015 entre PSOE y Cs para darle la Presidencia a Susana Díaz.

De hecho, fueron estos dos partidos los únicos que votaron en marzo de 2017 a favor del dictamen con las conclusiones propuesto, que eximía de cualquier responsabilidad tanto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como a su consejero de Empleo en la época investigada, José Sánchez Maldonado.

La comparecencia de Díaz en la comisión se recordará por haberse referido a su marido, empleado por una Fundación de UGT beneficiada por las ayudas para la formación investigadas, como "un tieso".

Eso sí, el documento  reconocía la responsabilidad de los expresidentes Chaves y Griñán, que estaban ya, en aquel momento, amortizados para la actividad política. PP, Podemos e IU, por su parte, rechazaron el dictamen con las conclusiones.

La comisión de investigación creada esta semana, sin debate tras retirar su escrito de oposición el PSOE, por el Parlamento de Andalucía para investigar la gestión de los fondos públicos en la antigua Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe), actualmente integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), cuenta, a priori, con el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Parlamento.

Pero muy difícilmente, en el caso de que eche a andar, va a tener tiempo de avanzar en sus trabajos antes de que Susana Díaz disuelva el Parlamento de Andalucía, bien sea para celebrar las elecciones en marzo de 2019 o bien para adelantar los comicios a este otoño.