Salgado, que compareció en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso para explicar el nuevo sistema de financiación autonómica, agregó que para saldar ese déficit las comunidades tendrán cuatro años de moratoria.
La también ministra de Economía y Hacienda cifró en 11.700 millones de euros los recursos adicionales que percibirán las comunidades para la puesta en marcha del modelo.
Descartó dar las cifras absolutas del mismo, ya que dependen de la evolución de la economía, aunque estimó que los datos ofrecidos por algunos presidentes autonómicos son parecidos a las estimaciones del Gobierno.
Aseguró que el modelo “cumple escrupulosamente” el Estatuto de Cataluña; es mejor que el anterior y reduce las diferencias en la financiación per cápita hasta en un 25%.
Anunció que la reforma legal para poner en marcha el nuevo sistema se tramitará en el Congreso “en las próximas semanas”, una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros.
Culminado el trámite parlamentario, se convocarán las comisiones mixtas correspondientes para que se pueda aplicar la nueva financiación en los territorios.
El nuevo sistema prevé la cesión de la recaudación del 50% del IRPF y del IVA, así como del 58% de los impuestos especiales.
Incorpora también tres fondos: el de Suficiencia global, que tiene como objeto garantizar la financiación de las competencias; el de Competitividad, para reforzar la equidad, y el de Cooperación para facilitar la convergencia interregional.
Durante la sesión, el portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, avisó de que en el futuro será necesario “reparar” el modelo, que nació “viciado” y es “inoportuno y partidista”, porque se diseñó “para facilitar la continuidad del tripartito en Cataluña”.
En un contexto de crisis económica y con el descenso en los ingresos del Estado, advirtió de que las comunidades tendrán “menos recursos” para financiar la sanidad y la educación.
Para Montoro, el responsable de que se hayan dado como anticipos unas cantidades que ahora tendrán que devolver las comunidades, ha sido el Gobierno al “falsear” los presupuestos de 2008 y 2009 para no reconocer la crisis económica.
El portavoz del PSOE, Francisco Fernández Marugán, defendió la bondad del sistema porque los ciudadanos son los grandes beneficiarios del mismo y porque aumenta la capacidad de autonomía financiera de las comunidades.
“El sistema no sólo se preocupa de igualdad y suficiencia, sino que entra también en el territorio de la solidaridad”, añadió Marugán, quien recordó las deficiencias del modelo vigente.
Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, sostuvo que el nuevo sistema “maltrata descaradamente” a Cataluña y lesiona “gravemente” la calidad de los servicios básicos que se prestan.
Salgado reitera que se revisarán los impuestos
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, insistió ayer en que el Gobierno revisará los impuestos, pero eludió hablar de subirlos, y añadió que aún no es el momento de retirar los estímulos fiscales que se han puesto en marcha con la crisis.
Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Salgado dijo que en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 primarán la austeridad y el mantenimiento del gasto social.
Además, señaló que se hará una “consideración de todas las figuras impositivas”, aunque “sin apriorismos” y teniendo en cuenta la coyuntura económica.
“Está todo, absolutamente todo, sometido a revisión” y “ni tan siquiera hemos hablado de subidas”, explicó posteriormente en declaraciones a los medios, en las que también confirmó que el Gobierno no va dar marcha atrás en su decisión de suprimir el Impuesto sobre Patrimonio.
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