Las grandes industrias del "aderezo" empiezan a sufrir la pérdida de pedidos en EEUU -donde se usa como ingrediente para pizzas, ensaladas o bocadillos-, tras la última imposición de los aranceles preliminares del 21,6 % a las aceitunas españolas "negras", que las penaliza frente a sus competidores.
España cuenta con 411 plantas transformadoras y 275 envasadoras y, si bien no todos estos operadores se verían afectados por una eventual imposición de medidas, el cierre del mercado de aceituna negra en EEUU podría provocar distorsiones en el resto, según reconocía el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria.
En junio de 2017, EEUU abría dos investigaciones antidumping y antisubvención en respuesta a una queja de la "Coalition for Fair Trade in Ripe Olives" -conformada por los dos productores de California- y, más tarde, imponía aranceles provisionales.
Para el presidente del Consejo Sectorial de aceituna de mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y de España, Gabriel Redondo, debe ser la Unión Europea (UE) quien tome la iniciativa al ponerse en duda todas las ayudas que reciben los agricultores europeos de la Política Agraria Común (PAC).
Redondo, presidente de Agro Sevilla -el mayor productor, envasador y exportador de aceitunas del mundo-, explica que las empresas afectadas están pagando aranceles del 22 % desde hace un mes y han perdido muchos contratos, "que serán difíciles de recuperar", frente a Marruecos, Egipto o Turquía, entre otros.
El producto español pagaba un 5,5 % de arancel, que se suma al reciente 22 % impuesto provisionalmente, con lo que "tenemos casi un 30 % de penalización", lo que le resta competitividad frente a Egipto, Marruecos o Turquía, con un acuerdo de libre comercio con EEUU; la fuerte devaluación del dólar frente al euro también penaliza.
EEUU es el primer consumidor de aceituna negra, sobre todo la hojiblanca, y si se encarece las cadenas de restauración tenderán a eliminarlas del menú o a comprarlas en otros destinos.
Si las empresas perdieran ventas de un 20 %, por ejemplo -y las tres aceitunas investigadas (Aceitunas Guadalquivir, Agro Sevilla y Ángel Camacho) suman entre 1.200 y 1.500 trabajadores-, algunas podrían verse obligadas a realizar un "rediseño industrial" de las fábricas o incluso reducciones de plantilla de hasta un 15 % del personal en el sector, porque "líneas enteras" cerrarían, añade.
A ello se suman el alto número de jornales agrarios.
El secretario general de la patronal de exportadores Asemesa, Antonio de Mora, insiste en que están confiados "en obtener la razón al final del proceso en julio, y luchando por ese objetivo"; mientras tanto, "las empresas están haciendo todo lo posible para atenuar los efectos negativos de la reducción del mercado de EEUU".
De Mora apunta que alguna empresa afectada ya ha manifestado que este contencioso "le puede suponer un 20 % de su facturación, y si lo pierde tendrá que reducir inversiones y empleo", aunque "es muy pronto para poder evaluar lo que va a suponer y preferimos centrarnos en la defensa para ganar el caso".
Las empresas intentarán sustituir el mercado "de negras" de EEUU por otros, "lo que va a producir desequilibrios y precios a la baja por sobreoferta", y algunas "podrían destinar a verde la aceituna que suelen destinar a negra", señala De Mora.
El conflicto representa "una amenaza para el modelo de ayudas de UE, como lo demuestra que políticos argentinos están ya pidiendo que se excluya a la aceituna y al aceite de oliva de los beneficios arancelarios del tratado UE-Mercosur, en fase final de negociación".
El responsable de aderezo en la provincia de Sevilla de FICA-UGT, Juan Manuel Poto, resalta que un 90 % de los trabajadores de las firmas aceituneras -muchas son mujeres- son fijos discontinuos, y aunque no teme EREs sí ve riesgos de que una parte de la fuerza laboral pueda ser "enviada al INEM" si el problema se perpetúa, debido a la paralización de las líneas de aceituna negra.
El conflicto llega, además, en pleno proceso de negociación del convenio colectivo de la provincia de Sevilla para el aderezo; "no quiero ni imaginar que se quieran recortar más derechos", afirma.
Desde CCOO de Industria, Mónica Vega se muestra prudente hasta que se conozca la sentencia definitiva, porque los aranceles impuestos son todavía provisionales, sólo está afectado un porcentaje pequeño de la producción y los inspectores americanos aún recopilan información, aunque sí reconoce la "incertidumbre".
Vega valora que las compañías afectadas pidan "tranquilidad" a los trabajadores, porque no hay "nada en firme", y lamenta lo que califica de proteccionismo del presidente Donald Trump en su pretensión de desplazar al producto terminado español y sus marcas, y convertir a España en mero suministrador de materia prima de las compañías de California.
Desde COAG, Antonio Rodríguez -vicepresidente de Interaceituna, a su vez- remarca el alto número de trabajadores que dependen de procesos como el "entamado", la clasificación, la "oxidación", el envasado y la comercialización, mientras que el secretario general UPA-Andalucía, Miguel Cobos, ve "precipitado" hablar de destrucción de empleo porque "no sabemos si los aranceles serán definitivos".
Aproximadamente, el 14 % de la producción española se exporta a EEUU, por valor de más de 70 millones de dólares anuales, pero estas firmas ya perdieron en 2017 un 7 % de negocio por esta crisis.
Las empresas soportan también el fuerte coste de las minutas con despachos de abogados por el conflicto, unos 5 millones de euros.
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