El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este fin de semana que el Ministerio de Fomento ha dado luz verde al proyecto definitivo de trazado del nudo de Tres Caminos, que conecta las carreteras A-4, A-48 y CA-33 en la provincia de Cádiz, con la aprobación de la Resolución que culmina definitivamente el proceso administrativo previo a la licitación de la nueva infraestructura. Dicha Resolución, firmada hace tres días y que será publicada en el BOE la semana entrante, contempla una inversión de en torno a 80 millones de euros, IVA incluido, según ha avanzado el delegado.
Durante una rueda de prensa ofrecida esta mañana, en la que ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, Sanz ha calificado la aprobación del proyecto de trazado de este importante nudo de carreteras como “un paso de gigante” para dar solución a “la infraestructura más prioritaria y la más conflictiva en materia de tráfico que tiene la provincia de Cádiz”.
Sanz ha detallado que la previsión que establece la resolución es que la obra saldrá licitación por un montante de 65,7 millones de euros, cantidad a la que cabe sumar el IVA por importe de casi 14 millones de euros, lo que totaliza una inversión total de en torno a 80 millones.
El proyecto dará “una solución definitiva” a los atascos en una de las zonas turísticas y de veraneo más concurridas de Andalucía y que, durante el resto del año, soporta ya una medida diaria de 58.000 vehículos en dirección a San Fernando y 28.000 vehículos en dirección a Chiclana, por lo que su tramitación “una prioridad para el Gobierno de España”, en palabras de Sanz.
Doble vía y arcenes
El proyecto prevé dotar a este nudo de carreteras de una doble vía, que se complementará con arcenes hasta Chiclana lo que, además de incrementar la capacidad de vehículos permitirá también incrementar la velocidad de circulación y por tanto aliviar de manera evidente los problemas actuales de circulación.
Sanz ha dicho que se trata de “una solución viable, realista y económicamente sostenible para una infraestructura que va a favorecer el crecimiento y el desarrollo de la Bahía de Cádiz y del conjunto de la provincia”, al tiempo que ha agradecido al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, su compromiso con Cádiz, dado que “anunció que aceleraría la tramitación en la medida de lo posible y ha cumplido su palabra”.
El delegado ha señalado igualmente que el Gobierno ha decidido sacar a licitación el proyecto en su totalidad, frente a la opción inicial de acometerlo por fases.
Adaptación del proyecto
Sanz ha precisado, por otra parte, que durante el proceso de información pública se ha incluido la adaptación de diferentes aspectos del proyecto a los requerimientos de la DIA y las propuestas de diferentes administraciones y partes interesadas, en coordinación con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.
De esta forma, se contemplan medidas de restauración paisajística; soluciones constructivas para el nuevo viaducto sobre el caño Zurraque de manera se minimice la afección de las mareas y modificaciones en relación con la Batería defensiva del Portazgo en base a las propuestas que ha hecho en la Fundación Legado de las Cortes de la Real Isla de León; se acometerán desvíos de tuberías de abastecimiento del Consorcio de la zona gaditana de aguas y habrá que coordinar con las empresas afectadas la reposición de las líneas eléctricas, las conexiones de gas y las telefónicas.
Por otra parte, Costas ha estudiado con el Ayuntamiento de Puerto Real y la consejería de medio ambiente las medidas respecto a los restos del antiguo puente Duque de la Victoria (sobre el caño Zurraque); se tendrá en cuenta las condiciones de concesión de las Salinas y se iluminará la carretera con un proyecto de tecnología LED es más eficiente
Antecedentes del proyecto
El delegado del Gobierno se ha referido a la complejidad del proyecto, que “no ha estado exento de enormes dificultades” dado que “sus antecedentes datan del Gobierno de Zapatero”, que incumplió los plazos de tramitación previstos cuando se puso en marcha en 2006 y nunca llegó a sacarlo a licitación en seis años, por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que volver a empezar en 2012.
Según la información facilitada por Sanz, el proyecto se aprobó en julio de 2012, se sometió a información pública el 25 de julio de 2013 y se remitió para la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), viéndose en ese punto frenada la tramitación debido a la modificación de la Ley de Impacto Ambiental.
Dicha Ley de Impacto Ambiental, del año 2013, obligó a actualizar todo el trabajo previo del proyecto y hubo que volver a iniciar los trámites desde cero para la elaboración de la DIA, tras cuya aprobación se acometió el proceso de información pública que ahora culmina y que se traduce en la aprobación definitiva del proyecto.
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