La oposición ha avalado en el Pleno del Congreso el decreto ley que establece nueva prórroga del Plan Prepara, por el cual se establece una ayuda de unos 400 euros a parados de larga duración que hayan agotado la posibilidad de recibir cualquier prestación durante seis meses, aunque al mismo tiempo ha criticado el retraso del Gobierno para aprobarla a pesar de haber caducado el pasado mes de agosto.
La diputada socialista Josefa Inmaculada González Bayo ha criticado que el Gobierno trabajara "mal y tarde" y ha preguntado cómo, a pesar de que 2,8 millones de personas carecieran de protección, no se evitó el fin del programa el pasado 15 de agosto, ni se envió una propuesta de colaboración a las comunidades autónomas hasta finales de ese mes.
"No sé por qué razón generan incertidumbre y desasosiego en la población más débil, que necesita 400 euros para malvivir", ha lamentado, tildando el plan como un "remendo".
Por parte de Unidos Podemos, su diputada Isabel Franco ha señalado que es "significativo" que sea la cuarta vez que se prorrogue este plan, y ha pedido a la ministra "avanzar hacia un modelo social en el que los carnés de pobre queden relegados".
ORDENAR Y COMPLEMENTAR PLANES ESTATALES Y AUTONÓMICOS
La prórroga del programa, establecida hasta el 30 de abril de 2018, se contempla como fecha límite para, hasta entonces, ordenar y clarificar el mapa de programas de protección social, "amplio y muy necesario", por parte del Gobierno, patronal, sindicatos y las comunidades autónomas.
Durante su defensa del decreto ley, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que a pesar de los trabajos para unificar estos programas sociales que complementan la protección por desempleo, seguirá habiendo programas gestionados por la Administración central y también por las comunidades autónomas.
Asimismo, ha instado a trabajar para "lograr la plena implantación de la Tarjeta Social", a mejorar las condiciones de protección a las personas desempleadas y a adecuar los programas de ayuda al marco competencial marcado por la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la gestión del Plan Prepara por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La ministra ha destacado la unanimidad con la que las comunidades autónomas aceptaron delegar la gestión de la nueva prórroga, así como la mayoría dada por la Cámara Baja a las anteriores prórrogas aprobadas hasta entonces, desde su puesta en marcha en febrero de 2011.
Durante su intervención, ha defendido que los programas de asistencia y protección deben de estar orientados a la activación, y que el empleo y la mejora de sus condiciones "siguen siendo la gran prioridad nacional", habida cuenta de que 3,5 millones de personas se encuentran sin empleo a pesar de querer trabajar, ha dicho.
UTILIZAR LA LEY COMO UN MARTILLO
A pesar de las críticas recibidas por el retraso, todos los grupos intervinientes en el debate han avanzado su voto favorable para convalidar el decreto ley. Además de PSOE y Unidos Podemos, también han comprometido su apoyo Ciudadanos, PNV y Foro Asturias.
Por parte del PNV, Íñigo Barandiaran ha defendido la aplicación de la ley como un mecanismo para resolver los problemas, aunque ha lamentado que "hay quienes últimamente quien sólo usa la ley como un martillo y un mecanismo de castigo". "El problema es que, para quien sólo usa la ley como un martillo, cualquier problema es un clavo", ha apostillado.
Saúl Ramírez Freire, de Ciudadanos, ha llamado a hacer "corresponsables" a los ciudadanos en la reinserción laboral. "¿Está la formación dirigida a las necesidades del empleo?", se ha preguntado.
Por último, la portavoz 'popular' de Empleo, Carolina España, ha defendido que si el gasto en prestaciones ha disminuido durante los últimos años se debe a que el nivel de desempleo ha caído aún más, y ante las críticas por la desprotección ha aseverado que "a los desempleados se les defiende creando empleo".
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