El curso escolar echará oficialmente el telón en apenas unos días, pero la Junta de Andalucía ha tomado buena nota del riesgo de que las sonoras protestas que padres y madres de alumnos han alimentado en las últimas semanas contra los efectos de la ola de calor en las aulas acaben por pasarle factura de nuevo en septiembre o cuando el termómetro vuelva a apretar hacia arriba o incluso hacia abajo. Sólo 24 horas después de dar vía libre a la polémica medida de autorizar a los padres a no enviar a sus hijos a colegios e institutos el Consejo de Gobierno aprobó un plan de choque que tendrá sus primeros efectos en julio y agosto. En ese tramo no lectivo del calendario se acometerán obras de climatización en centros que presenten deficiencias cuya resolución sea “acuciante” y “urgente”.
Del plan hay de momento pocos detalles porque depende de un estudio previo que tendrá que definir cuántos centros necesitan actuaciones prioritarias, de qué tipo y durante cuánto tiempo. No hay pues aún ni cifra de instalaciones beneficiadas entre los 4.500 centros docentes que articulan la red pública de la Junta, ni tampoco qué presupuesto habrá que movilizar. Lo que sí se definió este martes junto a las obras fue un Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética que se diseñará en colaboración con otras administraciones y entidades locales y en el que la Junta se cuidará de consultar a las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, las Ampa que han abanderado las protestas.
El nuevo portavoz del Ejecutivo de Susana Díaz, Juan Carlos Blanco, se encargó de subrayar que la instalación de aire acondicionado en las aulas no es la única herramienta que se baraja. Entre las medidas se contempla también la adecuación de los colegios e institutos a criterios “sostenibles”, con la sustitución por ejemplo de materiales por otros más eficientes que sirvan para combatir los excesos de las temperaturas. El programa estará subvencionado por la Agencia Andaluza de la Energía con cargo a los fondos europeos.
Blanco situó el plan de choque en un escenario de “pura sensatez” y “sentido común” tras comprobar las autoridades educativas el efecto de la ola de calor en los centros. Las medidas prioritarias tendrán complemento en septiembre, cuando la Consejería tenga ultimado un protocolo que fije con claridad cómo actuar ante situaciones meteorológicas de emergencia, ya sea por un escalada brusca de las temperaturas o incluso por una caída en invierno. Esa planificación permitirá responder de forma “efectiva e inmediata”, confía la Junta. El último eslabón en la cadena son las “medidas excepcionales” adoptadas estos días, la más llamativa de ellas la autorización para que los alumnos no acudan a las aulas con autorización de sus padres.
Aluvión de críticas
La Junta trata de poner coto así a un conflicto que le ha estallado en el último suspiro del curso y que por tanto está en vías de desactivarse solo. Pese a ello a la Consejería le han llovido críticas. La primera de los padres de alumnos, que reprochan que no todos pueden permitirse no enviar a sus hijos a clase, como autoriza Educación, porque no tendrían con quién dejarlos durante esas horas. Desde el flanco político Ciudadanos, socio de investidura del PSOE, cargó contra la Junta por su “falta de previsión” con un explícito “parece que no viven aquí”. En ese aspecto incidió el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, quien afeó al Ejecutivo regional que en lugar de abrir “un debate profundo” cargue la responsabilidad del problema sobre los centros y los padres.
"Apagón" en el Parlamento
Podemos Andalucía sugiere que en el Pleno del Parlamento regional que arranca este miércoles se apague el aire acondicionado durante “unas cuantas horas” para comprobar así lo que es sufrir las altas temperaturas. Su portavoz parlamentaria, Teresa Rodríguez, cree que sería un gesto simbólico de gran contenido, de ahí que su grupo eleve esa propuesta a la Mesa del Parlamento con pocas perspectivas de éxito.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
