La iniciativa, que fue defendida por el diputado del PP José Enrique Fernández de Moya, contaba con el criterio contrario por parte del Consejo de Gobierno, que justificó su rechazo en que la Junta ya viene ejerciendo “activamente” sus competencias normativas sobre este impuesto.
Según el parlamentario popular, esta supresión es “necesaria” porque hay comunidades que lo han aplicado y se ha traducido en mayor “dinamismo y avance”, por lo que añadió que su partido pide “simplemente poner al servicio de las familias la política tributaria para hacer política social”.
“Es una profunda injusticia que hoy ya 14 millones de españoles no tengan que pagar ese impuesto y se siga pagando en Andalucía una figura fiscal que discrimina a las familias andaluzas”, opinó Fernández de Moya, quien recordó que en algunas comunidades como Valencia se paga 140 veces menos por la donación de un matrimonio a sus hijos de una vivienda habitual.
La diputada socialista Antonia Moro, que destacó la “insistencia y perseverancia” del PP a la hora de presentar esta iniciativa, criticó que pretendan llevar “a la mínima expresión a este impuesto”, al tiempo que recordó que la Junta ya está aplicando actuaciones que han supuesto un ahorro fiscal de los contribuyentes de 132 millones de euros en 2007.
Por su parte, Pedro Vaquero (IU) reconoció que pese a que la comunidad tiene competencias para hacer deducciones y modificaciones a la base imponible y la cuota de estos impuestos “no quiere decir que estemos de acuerdo en que se haga”, y añadió que “tampoco es válido” el argumento que lo apliquen otras comunidades. Señaló que IU considera que es una propuesta “inoportuna” precisamente porque la situación actual de crisis.
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