Uno de los seis acusados en el caso Saqueo I por el desvío de fondos del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995, Eduardo Gonzálvez, admitió ayer que ingresó dinero del erario municipal en la cuenta de la esposa de José Luis Jiménez, imputado en la causa y fallecido en 2005.
Gonzálvez hizo este reconocimiento en el juicio que comenzó ayer a celebrarse en la Audiencia Nacional, donde la jornada concluyó con la declaración de la mujer de Jiménez, la también acusada Purificación Notario, cuya intervención ha sido para negar la mayoría de los cargos que le imputan.
“Yo no he abierto ninguna cuenta, esa firma no es mía”, aseguró Notario al mostrarle en la vista un contrato de apertura de una cuenta corriente en una sucursal del Banco Herrero en Marbella con fecha 16 de agosto de 1990 y con su rúbrica, así como la de una autorización a su marido para utilizar esa cuenta.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los acusados crearon un “artificio contable” para desviar los más de 36 millones de euros que sustrajeron, que consistía en incluir los libros oficiales de las sociedades una serie de anotaciones que reflejaban importes de supuestas facturas que no respondían a ningún servicio real prestado ni operación económica alguna y que eran emitidas por “sociedades inactivas” por un importe equivalente al de los fondos desviados.
Gonzálvez, empleado de Contratas 2000, relató que de 1991 a 1995 realizó diversos ingresos del dinero que enviaba el consistorio marbellí para gestionar la actividad de la sociedad en la cuenta de Notario, y dijo que lo hizo por orden de Jiménez, gerente de Contratas y estrecho colaborador del ex alcalde Jesús Gil, que le habló de la posibilidad de que embargaran las cuentas.
“Para salvar al menos el dinero de los sueldos de los empleados”, manifestó el acusado en boca del gerente fallecido.
“Era un jefe autoritario. Nunca le pedí aclaración alguna sobre lo que me mandaba porque no me resultaba fácil acceder a él y tampoco me hubiera dado explicación alguna”, apostilló.
La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 8 y 10 años de prisión para los acusados, entre los que está el ex asesor urbanístico del consistorio Juan Antonio Roca, por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
Otro de los argumentos esgrimidos por Gonzálvez y el acusado Manuel Jorge Castel, considerado el contable del entramado financiero, fue sostener que en las sociedades municipales no existía una contabilidad B.
La ‘b’ es de balance o banco
“La B de las anotaciones no significa contabilidad B sino balance o banco”, respondió Castel a la fiscal Belén Suárez cuando ésta le preguntó sobre unas anotaciones suyas en las que, según dijo la representante del Ministerio Público, se podía leer: “hay que meter B por un valor de 500 millones (de pesetas)”, “Saldo A de ayuntamiento y saldo B de contratas” o “saldo B, 436 millones”.
Castel subrayó que él se limitaba a elaborar esas notas con los datos que le facilitaban los gerentes de las sociedades, a los que les advertía de las diferencias que existían en las cuentas.
En este sentido, la fiscal le recordó irónicamente que en la declaración que prestó en la Audiencia Nacional en fase de instrucción atribuyó también la B al calificativo “bueno”.
Castel, que se negó a contestar a parte de las preguntas de la acusación particular -ejercida por tres concejales del PP en el Ayuntamiento de Marbella- porque considera que “obedecen a un orden político”, ratificó algunas de esas anotaciones en el plenario y sobre otras dijo: “no quiero contestar porque no me fío de ellas, no tengo garantía ninguna sobre estas fotocopias”.
También declaró ayer Francisco Javier Herrera, empleado de la sociedad Planeamiento 2000, que aseguró que se encargaba de la contabilidad del “día a día” pero no de la oficial, y apuntó que el dinero que cobró mediante cheques era para pagar las nóminas de los empleados, atrasos o imprevistos que pudieran surgir.
El tribunal de la Audiencia Nacional, que rechazó abstenerse de juzgar este caso en favor del Tribunal de Cuentas, tal y como habían solicitado la mayoría de los acusados en las cuestiones previas, reanudará la vista el próximo 6 de noviembre con el interrogatorio de Roca y el asesor jurídico de Gil, José Luis Sierra.
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