Esto provoca una desventaja competitiva con el resto de comunidades autónomas, más ágiles y eficientes, ya que, por ejemplo, en Murcia tardan en tramitarse los proyectos ocho meses y en Castilla-La Mancha quince, mientras que en Andalucía se retrasan hasta los dos años.
En un comunicado, Aprean considera “injustificable que, en esta coyuntura, se pongan trabas administrativas a las instalaciones de energías renovables, lo que pone en peligro las inversiones y el empleo, cifrado en más de 100.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años, algo que “sólo este sector industrial es capaz de ofrecer hoy en Andalucía”.
Asimismo, el sector también censura la aplicación del Borrador de Autorización Ambiental Unificada de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que obliga a realizar prospecciones arqueológicas en la fase inicial de cualquier proyecto de instalación energética, incluso antes de su información pública.
Esta medida hace “inviable la ejecución de proyectos en los que, por su gran envergadura espacial y complejidad técnica, se hace imposible determinar a priori los trazados de las acometidas”.
Aprean ha solicitado hace tiempo a la administración que articule soluciones para hacer compatible el actual desarrollo de las energías renovables con la preservación del patrimonio.
“Entendemos la necesidad de una ordenada regulación, pero una mayor protección ambiental no significa necesariamente más regulación”, aseguran los promotores.
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