La junta de accionistas de Carbures celebrada en su sede social de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha acabado casi como el rosario de la aurora. Los dos grupos de accionistas enfrentados, el liderado por el presidente ejecutivo Rafael Contreras y el fondo BTC (suman un 20% del capital) y el que conforman los socios catalanes Anangu y Lacus (empresa del exconsejero delegado José María Tarragó), que aglutinan otro 13,2%, han acabado anunciando acciones legales cruzadas. La empresa demandará a Tarragó por administración desleal por su papel como primer ejecutivo de la empresa entre final de 2014 y final de 2015; mientras, Anangu (grupo de la familia Santacana) y Tarragó va a impugnar el resultado de la reunión de socios tras negársele en la junta el acceso al consejo de administración pese a ser Anangu el mayor accionista individual de la compañía con casi el 11% (por encima del propio Contreras y de BTC).
La demanda se sustentará también en la modificación de los estatutos que considera lesiva para los socios minoritarios; y en las polsibles irregularidades en algunas papeletas de voto en la junta denunciadas por Anangu.
Además de negar el acceso a Tarragó en representación de Anangu, la junta decidió a propuesta de BTC tanto emprender acciones legales contra él como destituir del consejo a Jordi Lainz, que según Carbures representaba a Anangu y según esta última no era representante suyo. En paralelo, han entrado en el órgano de administración el independiente Rafael Suñol (consejero de Peugeot en España y de la ingeniería Inypsa desde hace 14 años y más de dos décadas, respectivamente) y Cristina Romero, la consejera delegada de Univen Capital. Esta empresa de capital riesgo está a su vez participada por el propio Rafael Contreras.
El capital representado en la junta fue del 53,42% del total, aunque Contreras como tal no acudió personalmente y delegó su voto, y las propuestas de BTC fueron aprobadas por mayoría amplia o simple, según los casos. Desde Anangu se critica que parte de sus preguntas que formularon no fueron respondidas. Entre ellas, si es cierto que Contreras y el aún consejero delegado, Roberto Rey (que dejará la empresa el 31 de enero) cobran conjuntamente 700.000 euros y por ello la remuneración del consejo se ha disparado hasta 1 millón de euros al año; cuál es la previsión del cierre del año económico; y qué interese se pagan al fondo BTC por el crédito de 30 millones que concedió a Carbures en 2015, ya que Anangu sospecha que son de hasta el 20% en lugar del 6% oficialmente comunicado.
Desde Anangu y Lacus se recuerda además, en relación con la demanda por administración desleal, que Tarragó coordinó su labor ejecutiva en todo momento con Contreras, que durante el año de mandato de Tarragó fue presidente no ejecutivo pero seguía manteniendo un fuerte poder interno merced a su posición de primer accionista (hoy ya no lo es).
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