Según informaron a Europa Press fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz es la primera vez que la institución acude a la justicia por "obstrucción" de su labor por parte de un representante de la Administración, una situación recogida en el Código Penal como un delito de "desobediencia" y que obliga al Defensor a dar cuenta de ello ante el Parlamento de Andalucía y el Ministerio Fiscal. Además, al tratarse de una autoridad o funcionario público "podría conllevar la imposición de una pena de suspensión de empleo o cargo por un tiempo de seis meses a dos años".
Tal y como explicaron, la institución acumuló hasta cinco expedientes de quejas ciudadanas sin resolver por la falta de colaboración del ayuntamiento a la hora de facilitar los informes y datos requeridos, a las que se sumaron seis expedientes más desde el año 2007, ninguno de ellos "atendidos", lo que ha producido una situación de "acumulación de no colaboración" que constituye un supuesto de "especial gravedad".
Todos estos expedientes, aclararon --la mayoría relacionados con el urbanismo--, siguieron su correspondiente tramitación, con la petición de informes iniciales, reiteración de petición colaboración en numerosas ocasiones, contactos frecuentes y declaración de actitud entorpecedora por parte del Defensor. A pesar de ello, cinco expedientes "terminaron desatendidos", situación que se agravó con la suma de los últimos seis abiertos, "los cuales, uno detrás de otro, han sido completamente ignorados".
No obstante, el Defensor envió un "enésimo" escrito a Benavides -- que no obtuvo respuesta--, trasladándole la situación y advirtiéndole de que si en un plazo estipulado no recibía la colaboración "legalmente debida por el Consistorio con el envío de la información requerida en los expedientes de queja" daría conocimiento de ello al Parlamento y al Ministerio Fiscal.
Según destacaron dichas fuentes, al problema de "dejar gravemente desatendido el derecho de los ciudadanos a formular quejas referidas al ayuntamiento de Almuñecar" se une el problema "de fondo" que representa que "un mecanismo de control de la actuación administrativa establecida en el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española está paralizado porque el deber legal del alcalde de colaborar con el Defensor no se realiza".
La Oficina del Defensor recordó que "es la primera vez en los 25 años de la historia de la institución" que se produce una situación de este calado, ya que lo común es una relación "normalizada y fluida con todas las administraciones". De hecho, señaló que, el pasado año fueron miles los informes que se remitieron al Defensor en respuesta a otras tantas quejas abiertas.
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