El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, ha actuado con celeridad al abrir una queja de oficio a la Consejería de Educación tras la hospitalización de un niño de 7 años a consecuencia de una o varias presuntas agresiones sufridas en un colegio de Sevilla. Maeztu considera que existen datos preocupantes que precisan de un análisis y que con la información que obtenga verá si es necesaria una intervención “más profunda” por parte de su Oficina.
Esta preocupación del Defensor puede deberse a las incoherencias en el relato de lo supuestamente acaecido por parte de la Junta de Andalucía. Desde su Delegación de Educación se ha tratado en principio de reducir el caso a un pequeño conflicto entre dos alumnos en el comedor escolar y que, según la versión oficial, se resolvió satisfactoriamente por parte de los monitores al aplicarse el “protocolo de mediación”.
Si el problema se resolvió satisfactoriamente tras una pelea infantil, ¿por qué, tal como reconoce la Consejería, al día siguiente se activó el protocolo de acoso escolar y la directora se reunió con los padres del menor agredido para recibir información sobre su denuncia? ¿Qué información tenía que recibir si, según la versión oficial, los dos alumnos se habían visto el día anterior y solucionado su disputa? ¿Y por qué si se sostiene que no ocurrió prácticamente nada, el menor presuntamente agredido dos veces y por tres alumnos distintos acabó en el hospital y su parte de lesiones habla de hematomas, traumatismo y fisura de labio? Con razón dice el Defensor del Pueblo que existen datos preocupantes, empezando por las contradicciones de la Junta.
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