El pasado 29 mayo, el grupo parlamentario popular presentó una petición de amparo ante la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, para el "traslado del expediente de forma fotocopiada", según informó ayer Esperanza Oña, quien añadió que si el 29 de junio -fecha en que vence la petición- su grupo no ha obtenido respuesta, tendrá la "fuerza moral" para acudir a los tribunales y "pedir la documentación que se nos niega".
Oña lamentó que la Junta de Andalucía no cumpla con el compromiso que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, trasladó el martes al líder del PP-A, Javier Arenas, durante la reunión que ambos mantuvieron en Sevilla y, en la que, según la diputada popular, reconoció el "derecho de la oposición a contar con papel físico de cuanta documentación necesite".
Según la portavoz del PP, esta "obstaculización palpable, evidente y obsesiva" se debe a una voluntad por parte del Gobierno de dificultar "el que podamos recurrir a los tribunales", y que se ha puesto de manifiesto, además, tras el incumplimiento del acuerdo suscrito con el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, por el cual su departamento se comprometió a facilitar a la oposición "todos aquellos documentos que necesitara".
Además, Esperanza Oña criticó el incumplimiento del compromiso de neutralidad con los medios de comunicación que el presidente andaluz hizo público durante su discurso de investidura al impedir a ciertos medios el acceso al expediente.
"Se ha hecho una visita de medios afines y no se ha permitido la visita de otros medios que, desde luego, el partido socialista no los debe considerar de su clase", añadió.
Por último, la portavoz popular pidió al Gobierno central que aplique el Código de Buen Gobierno y "saque al ex presidente Chaves del Gobierno de España", al considerar que ha existido "conflicto de intereses" en la subvención de 10 millones de euros que la Junta de Andalucía dio a la empresa Matsa.
El PP afirma que ha podido comprobar que Manuel Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades andaluza cuando el 20 de enero presidió el Consejo de Gobierno que concedió dicha ayuda, según un poder notarial firmado el pasado 14 de enero por el cual la hija del ex presidente "no sólo tenía poderes para tramitar la subvención ante la Junta de Andalucía" sino que también tenía apoderamiento para tramitar "solicitudes de cualquier tipo" ante otras comunidades autónomas, Gobierno español y Unión Europea.
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