Con el Pleno de primero de septiembre se inicia el nuevo curso político. El equipo de gobierno, o mejor dicho, los que quedan del equipo de gobierno inicial, llevan más de un año al frente del consistorio y deben tener ya una visión realista de las posibilidades del municipio.
Ya se sabe que llegaron con el "Si Se Puede" pero es que para poder, hay que saber, y de conocimientos algunos no andaban sobrados.
Ahora es ya el momento de apostar por aquellos temas de ciudad que se puedan quedar terminados o al menos bien planteados en lo que queda de mandato. Hay que optar por un par de temas de calado, y no salirse de ese guión, por mucho que los problemas del día a día intenten robar las horas a esos proyectos que van a definir a un equipo de gobierno.
El equipo de gobierno de Enrique Moresco apostó entre sus temas por el plan general. Había tanta necesidad de tener un documento aprobado que permitiera paliar las deficiencias de la ciudad y desarrollar las nuevas posibilidades, que el documento se aprobó sin dar una última lectura de conjunto que permitiera detectar inconvenientes que si se están detectando con la puesta en práctica de la normativa del mismo.
Así, cuando se consideró terminado el documento de aprobación inicial del plan general, se propuso al pleno para su votación sin haberle dado esa lectura que ha traído sorpresas para algunos de las consecuencias de lo que se había aprobado.
Digo de algunos, porque el peregrinar al Estudio del Equipo Redactor de algún destacado técnico municipal y la persecución por distintos seminarios de su máximo exponente, fueron más que comentados.
Fruto de ese marcaje es la obligación que recoge el plan general de contar con un arbolito cada 50 m2 de edificabilidad. Por un lado, la concejalía de infraestructuras y mantenimiento urbano va quitando árboles del centro que con sus raíces levantan aceras o rompen cañerías y por el otro, la de medioambiente impone la obligación de ponerlos.
Pero como todo tiene su truco, se conmuta la obligación pagando 400 € por cada 50 m2, convirtiéndolo todo en un negocio. Un negocio que va a quitarle a más de uno las ganas de edificar en nuestra ciudad cuando haga las cuentas de lo que supone la tasa de construir un edificio o una nave industrial.
Con un plan general por desarrollar las cuantías recaudadas serían inmensas, y se gastarían a través de una de las contratas de la concejalía de medioambiente.
A esa obligación sólo se le puede calificar de abuso institucional y el actual equipo de gobierno hace bien intentando eliminarla con la derogación que llevó al pleno de junio y a la resolución de las alegaciones que lleva al pleno de septiembre.
Volviendo al principio, los próximos meses van a ser decisivos para definir las líneas del mandato y por tanto para el futuro de nuestra ciudad, que es lo que a los portuenses nos preocupa.
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