Ni la catarata de advertencias legales ni las amenazas en forma de duras sanciones han conseguido que todos los ayuntamientos andaluces cumplan de forma escrupulosa con la obligación de presentar en tiempo sus cuentas generales ante los órganos de supervisión. Ni siquiera ha surtido todo el efecto deseado la reprimenda que tuvieron que oír los consistorios de la Cámara de Cuentas de Andalucía hace apenas unos meses, cuando en su informe de fiscalización desvelaba que se había visto obligada a apercibir a 262 municipios de los 711 existentes para que entregaran los balances de ingresos y gastos de los años 2011 y 2012 y que, pese a ello, 73 habían hecho oídos sordos de nuevo y continuaban sin remitirlos.
Lejos de amainar, esa indisciplina persiste en las cuatro esquinas de la comunidad. En las oficinas del Tribunal de Cuentas, el máximo órgano supervisor en España, no saben nada a día de hoy de los informes correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 que estaban obligados a entregar los equipos de gobierno de 65 consistorios diseminados por las ocho provincias. Sus nombres aparecen en la particular lista negra del organismo estatal, que insiste de forma periódica en que esa rebeldía no sólo les puede acarrear graves consecuencias, sino que además hace un flaco favor a la imagen de transparencia que se presupone a toda administración pública. El Tribunal de Cuentas, de hecho, tiene potestad para iniciar de oficio procedimientos sancionadores que pueden acabar en multas, en la destitución de los funcionarios del área e incluso, y ése es el castigo más temido por los ayuntamientos, en la retención o congelación de la entrega a cuenta de fondos de las arcas estatales.
Hasta ahí los municipios que figuran en el primer escalón del incumplimiento y ocultan sus relaciones de ingresos y gastos finales entre 2012 y 2014, pero hay otro puñado que también ha regateado el formulismo legal no en tres, pero sí en dos ejercicios. Es el caso de 43 consistorios distintos a esos 65 que encabezan el ranking y que al menos sí han entregado los datos de uno de los tres años. Detrás de ellos aparece otro nutrido pelotón de 152 ayuntamientos que entre 2012 y 2014 tienen mancha en el expediente de uno de los tres ejercicios. En total, 260 incumplidores en mayor o meno grado o, lo que es lo mismo, tan sólo 451 de los 711 municipios han hecho los deberes en el último trienio cerrado. Los datos de 2015 aún no están contabilizados porque el plazo de presentación de los balances ante el Tribunal de Cuentas continúa abierto.
Municipios pequeños
El perfil del ayuntamiento rebelde es el de un municipio de tamaño medio o pequeño, por debajo del listón de los 25.000 habitantes. ¿Y por qué se resisten a cumplir la ley? Los informes periódicos de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Tribunal de Cuentas incluyen un amplio catálogo de excusas y justificaciones. La más socorrida es la escasez de personal y los recortes de plantillas que fomentó la crisis económica. Algunas corporaciones alertan incluso de que no cuentan con funcionarios especializados, secretarios generales ni interventores. Desde otros municipios se denuncia falta de dotación económica para incrementar los medios técnicos. Hay quien incluso alega incompatibilidad entre sus equipos informáticos y los de los organismos de fiscalización nacionales o regionales.
En casi ningún caso aflora el motivo silenciado: hay cuentas que no se presentan porque, simplemente, son de complicada justificación.
La herencia recibida juega en contra...
El carrusel de argumentos que esgrimen los consistorios cuando se les interroga sobre los incumplimientos incluye uno ligado al intercambio de sillones en sus salones de plenos. En su último informe, la Cámara de Cuentas de Andalucía reconocía haberse topado con una consecuencia de las elecciones locales de 2015: muchos alcaldes protestan por la herencia recibida de sus antecesores en forma de desmanes contables.
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