Cuatro años después de darle carpetazo y cinco desde la última convocatoria de 2011, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía incluirá esta semana en sus páginas, por fin, la ansiada reactivación de los cursos de Formación Profesional para el Empleo que la alarma desatada por el fraude forzó a congelar. Lo confirmó ayer la propia presidenta, Susana Díaz, en una nueva entrega de los anuncios luego retrasados que ha acumulado desde su investidura. En octubre dio por hecho que habría nueva convocatoria y en abril lo reiteró poniéndo mayo como fecha tope, pero finalmente será en junio y, como le afea el PP, en vísperas del arranque de la precampaña.
Sea guiño electoral o no, Andalucía recuperará en apenas unos días una herramienta que en teoría se alumbró para mejorar la cualificación de los desempleados y favorecer su inserción en el mercado laboral, pero que en la práctica desató el que por su cuantía puede ser el mayor escándalo en la historia reciente de Andalucía. La responsabilidad política también intenta depurarla la comisión de investigación parlamentaria sobre la que algunas voces han deslizado ya la suspicacia: ¿retardó la Junta la aparición en el BOJA hasta que declarase Díaz? La Consejería de Empleo justifica el retraso en los informes que sobre la armonización legislativa debía emitir la Agencia Andaluza de la Competencia.
En su declaración ante la comisión de investigación, la presidenta insistió en que cuando tomó el poder prolongó la parálisis de los cursos hasta comprobar si había “fugas en las cañerías”, un eufemismo para referirse a la obsesión por no incidir en pecados del pasado. Para cerrar la vía del fraude, el sistema ahora será “tremendamente garantista”. Todos los cursos se adjudicarán en fase competitiva, no se podrán subcontratar, se harán inspecciones periódicas y se comprobará la capacitación de los docentes.
Las órdenes que se publicarán esta semana movilizarán 142,5 millones para escuelas taller y casas de oficio, desempleados y ocupados. La cantidad es inferior a los 207 millones que el consejero Sánchez Maldonado auguró en enero, pero al menos acaba con un sinsentido: durante cuatro años asalariados y empresarios han aportado con sus cotizaciones fondos para cursos que no se celebraban y el dinero quedaba estancado.
Moreno pide una segunda ronda
El PP-A se niega a dar carpetazo ya a la fase de comparecencias ante la comisión de investigación de los cursos de formación. Su presidente, Juanma Moreno, anunció ayer que su grupo parlamentario va a reclamar una segunda ronda de testimonios para esclarecer, entre otras cosas, por qué “amigos del PSOE” recibieron 100 millones en ayudas.
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