El PP ha encontrado un filón en torno a la formación y las políticas de empleo de la Junta y no está dispuesto a soltar esa presa fácilmente. La portavoz del grupo parlamentario, Carmen Crespo, hurgó este miércoles de nuevo en la herida coincidiendo con las eternas polémicas que rodean a la comisión de investigación parlamentaria sobre los cursos y en paralelo a las causas que investigan 18 juzgados de toda Andalucía. Con un cuadro de datos en la mano, denunció que entre 2013 y 2015 la Junta ha paralizado la ejecución de hasta 1.819 millones de euros que debían haberse destinado a políticas activas de empleo, algo que a su juicio le confiere el dudoso honor de “pasar a la historia como la peor gestora” en esa parcela en la historia reciente de la comunidad.
Las cifras extraídas de los balances oficiales de la Oficina de Control Presupuestario revelan que en esos tres años la Junta habría optado por utilizar sólo 788 millones de los 1.429 que tenía consignados el SAE, el 55% del total, y 99,73 millones de los 1.277 millones de los fondos de formación para el empleo, apenas un 8%. En total, sólo habría ejecutado 887,81 millones de los 2.707 consignados en el trienio, obviando un 67% del crédito definitivo.
Crespo incidió en que esas políticas canalizan fondos finalistas (los que tienen un uso específico y si no son utilizados para ese fin hay que devolverlos) que provienen del Estado y de Bruselas, aunque también de recursos internos de la Junta.
Al no ejecutarlos, la Administración andaluza tuvo que reenviar a Madrid de vuelta unos 465 millones. A eso se sumarían las cantidades que se han dejado de ingresar por la paralización del Fondo Social Europeo desde 2007 por las irregularidades que Bruselas intuía en la formación y que la Junta insiste en desvincular de ese capítulo.
De una forma u otra, el PP está convencido de que Díaz ha “fulminado y dilapidado” las políticas de formación para el empleo y recuerda que fue la propia presidenta la que confirmó que había dado orden de paralizarlas tras los escándalos que ahora investigan la comisión y los juzgados. Eso, alertó Crespo, contraviene “la Constitución y el Estatuto” porque, entre otras irregularidades, trabajadores y empresarios siguen cotizando por ello aunque no reciban ninguna formación.
Que los letrados decidan sobre Rivas...
El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, aboga por que sean los letrados de la Cámara, y no los partidos, quienes decidan si hay que llevar ante la Fiscalía la negativa a declarar del exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, ante la comisión de los cursos. Los socialistas censuran su actitud, pero recuerdan que no se le puede coaccionar.
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