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Martes 18/05/2021

Andalucía

Méndez de Lugo cree que la Justicia no se arregla con la creación "desaforada" de juzgados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, dijo ayer que la "grave crisis" de la Justicia no se soluciona con "la creación desaforada de nuevos juzgados" sino con un proceso "ágil donde se eliminen los trámites absurdos".

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  • La presidenta del Parlamento recibió la memoria de manos de Méndez de Lugo.
  • La consejera de Justicia anuncia un programa para los órganos con más carga de trabajo
  • En Sevilla se implantará de forma inmediata un servicio para tramitar las ejecutorias
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, dijo ayer que la "grave crisis" de la Justicia no se soluciona con "la creación desaforada de nuevos juzgados" sino con un proceso "ágil donde se eliminen los trámites absurdos".


Méndez de Lugo presentó ayer la Memoria de 2008 del TSJA ante la comisión correspondiente del parlamento andaluz, donde tanto él mismo como los portavoces de los grupos parlamentarios destacaron la importancia de la movilización popular de los últimos años para tomar conciencia de la necesidad de modernizar la administración de Justicia.


El presidente del alto tribunal andaluz relató que las "muchas y graves deficiencias estructurales de la Justicia" estaban siendo denunciadas desde hace años por el sector, consciente de que "muchos órganos judiciales no cumplen con el mandato constitucional de dar a los ciudadanos una tutela judicial efectiva".


Por ello, expresó su preocupación por el estado de la Justicia pero añadió que le invade un "sentimiento de esperanza" porque "en 2008 por fin los responsables políticos han abierto los ojos" y ha llegado a calar entre ellos que "la actual situación no es sostenible".


Méndez de Lugo expresó la necesidad de que la reforma de la Justicia se haga mediante un Pacto de Estado con el consenso de todos los partidos puesto que "no va a ser cuestión de una ni de dos legislaturas".


También destacó que la modernización de la Justicia "no se soluciona con la creación desaforada de nuevos órganos judiciales, con más burocracia y más funcionarios", sino con el establecimiento de un "proceso ágil, donde prime la eliminación de trámites absurdos" y se elimine el "derecho ilimitado al recurso".


Prueba de ello es que Andalucía, desde que él accedió al cargo de presidente del TSJA hace 14 años, ha sido una de las comunidades más beneficiadas por la creación de nuevos juzgados, con una cifra de entre 15 o 20 nuevos cada año.


Respecto a la Memoria del TSJA correspondiente a 2008, Méndez de Lugo destacó que ha aumentado el trabajo en los juzgados civiles y laborales pero sobre todo afirmó que la crisis económica "ha llevado al colapso total a los juzgados de lo Mercantil".


El presidente de la comisión, Juan Ignacio Zoido (PP), cerró la sesión parlamentaria agradeciendo que los portavoces de los tres grupos políticos hayan coincidido en la necesidad del "consenso y colaboración" para que "entre todos alcancemos una Justicia más ágil, fácil y transparente".


En el turno de los portavoces, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) expresó su satisfacción por la "radiografía" hecha por Méndez de Lugo en el sentido de que "la Justicia no es un 'sancta sanctorum' y que los cambios se ganan cuando el pueblo los impulsa".


Carlos Rojas (PP) afirmó que "ahora el clamor popular ha traído la conciencia política de que hay que reformar la Justicia" y ha pedido a los jueces andaluces que presten atención a los nuevos tipos de delincuencia.


Apoyo para los órganos judiciales con más carga de trabajo


Las palabras de Méndez Lugo coincidían con el anuncio realizado ayer por la nueva consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, de que, antes de que finalice este año, se pondrá en marcha un programa de intervención para los 20 órganos judiciales de la región que, en este momento, acumulan una mayor carga de trabajo, con especial incidencia en el orden contencioso-administrativo.


Álvarez, que comparecía por primera vez en comisión, reconocía que "hay retos muy importante por delante", por lo que el desafío del equipo que dirige es el de lograr un sistema judicial "ágil, efectivo, eficaz, enfocado al ciudadano, responsable y moderno", algo que se materializará en la cooperación con todos los operadores jurídicos, desde el TSJA y la Fiscalía, pasando por abogados, procuradores y secretarios judiciales.


Con el objetivo de consolidar la nueva oficina judicial, se mejorarán los recursos humanos, los tecnológicos y las infraestructuras, además de impulsar las Oficinas de Atención a la Ciudadanía y nuevos servicios comunes de partido judicial.


Como muestra de ello, Álvarez se refirió a la inmediata implantación en Sevilla del Servicio de Ejecución y Apoyo a los Juzgados de lo Penal "para una mejor gestión en el registro y reparto de asuntos y la práctica de notificaciones y embargos", señalando que la correcta tramitación de las ejecutorias -casos ya resueltos con sentencias pendientes de ejecutar- "es especialmente importante, ya que entran en juego el cumplimiento ágil del contenido del fallo y derechos fundamentales de los condenados".


Según valoró la titular de Justicia, el hecho de que esta función se atribuya a un elemento organizativo y funcional único para todos los órganos "va a suponer grandes ventajas", como "un mayor control" de las ejecutorias, "lo que impedirá en gran medida que se produzcan situaciones como las lamentablemente sufridas por la familia Cortés -en alusión al caso de la pequeña Mari Luz-".


Además, la consejera explicó que impulsará una serie de medidas dedicadas a servicios muy específicos, con el fin de abandonar soluciones coyunturales al objeto de una mejora de la eficiencia del servicio, recalcando que el personal de refuerzo se dirigirá a necesidades concretas y particulares que, por su especial volumen o incidencia social, requieran de más recursos humanos.


También resaltó la necesidad de avanzar en las nuevas tecnologías ligadas a la Administración de Justicia, apostando por implantar en el sistema de gestión procesal 'Adriano' aquellas aplicaciones que permitan mejores comunicaciones con los operadores judiciales y redunden en un óptimo trabajo en red que dinamice las comunicaciones entre órganos para agilizar los procesos.


Al hilo de ello, hizo hincapié en fortalecer las infraestructuras y equipamientos de los Juzgados de Paz como primer escalón de la ciudadanía en su relación con la Justicia en localidades que carezcan de juzgados de Primera Instancia e Instrucción.


Además, anunció que su departamento impulsará la digitalización progresiva de expedientes y las notificaciones telemáticas de manera coordinada con el Ministerio de Justicia, mientras que también se potenciará el programa de registros civiles en línea para facilitar a la ciudadanía la resolución de trámites, como la inscripción de nacimientos desde el propio domicilio.


En cuanto a las infraestructuras, Álvarez apostó por "seguir ejecutando, mejorando y manteniendo las infraestructuras judiciales, adaptándolas al nuevo modelo de oficina judicial", y aseveró que las ciudades de la justicia "no deben ser una moda, sino una prioridad en el camino hacia la calidad en la Administración".


Otras líneas de actuación defendidas por Álvarez en su comparecencia parlamentaria se refieren a la creación de un comité de expertos que trabaje en avanzar en la resolución extrajudicial de conflictos. De este modo, se continúa con la apuesta de los equipos de mediación por jurisdicciones a fin de reducir la litigiosidad y de adecuar los módulos y estadísticas judiciales de acuerdo a la realidad judicial de la comunidad autónoma.


La consejera también resaltó la importancia de seguir apostando por la formación continua y especializada de todos los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia. Así, se emprenderán acciones para acercar los valores judiciales, divulgando este servicio público entre los más jóvenes.


Plan de actuación sobre Memoria Histórica


En su comparecencia parlamentaria, la consejera resaltó el trabajo que su departamento va a llevar a cabo en materia de Memoria Histórica, porque "la reparación moral es algo que ya es de todos" y porque el Gobierno andaluz "no va a permitir el olvido de la injusticia". En esta línea, Álvarez informó de que la Consejería aprobará próximamente un Plan de Actuación para que el Gobierno andaluz siga "liderando" la política en lo relativo a Memoria Histórica.


Entre las actuaciones del nuevo plan destacan la identificación, conservación y digitalización de archivos, la creación de una exposición itinerante sobre Memoria Histórica, el reconocimiento público a los represaliados, la elaboración de un catálogo de edificios de infraestructuras públicas realizadas mediante trabajos, la creación del mapa de fosas o la cooperación y coordinación entre la Administración Pública y los distintos agentes en materia de Memoria Histórica.


Por su parte, el parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo aseveró que la región andaluza "necesita más competencias judiciales y más dinero", al tiempo que solicitó la puesta en marcha del consejo de justicia de Andalucía.


Asimismo, Sánchez Gordillo criticó el "mal" funcionamiento de la Justicia, señalando que la Justicia en la región "pertenece más al siglo XIX que al XXI, y opinó que, en la actualidad, "harían falta unos 25 juzgados de lo penal más", así como apostó por "desprivatizar" la Justicia.


Por su parte, el portavoz del PP en la comisión de Justicia, Carlos Rojas García, instó a la Junta a elaborar "de forma urgente" un plan de choque que "palie la excesiva pendencia de los asuntos" que existe actualmente, así como a crear juzgados "específicos" de violencia de género en cada uno de los partidos judiciales de la comunidad autónoma andaluza.


En cuanto a las ciudades de la justicia, Rojas coincidió con la consejera en señalar que "no deben ser una moda, sino una realidad", y se refirió al caso concreto de la de Sevilla criticando que "es increíble y de un descaro espectacular" que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "quiera compensar el pago de la 'deuda histórica' con la cesión de unos terrenos".

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