La tormenta perfecta desatada por Cristóbal Montoro al confirmar la escalada del déficit en 2015 y descargar buena parte de la culpa sobre las espaldas de las comunidades amenaza con arrasar los escasos puentes que comunican aún a la Junta con el Gobierno central en funciones. Con la tensión escalando por días, el Ministerio de Hacienda hizo llegar en la tarde del miércoles una segunda carta de advertencia al Ejecutivo de Susana Díaz en el que le puntualiza, con toda claridad, que tiene apenas 15 días para que su Consejo de Gobierno apruebe un acuerdo “de no disponibilidad presupuestaria y retención de créditos”.
Traducido, Madrid obliga a la Junta a que se comprometa de forma oficial, como las otras 11 comunidades autónomas incumplidoras, a no autorizar nuevos gastos a cuenta de las partidas de la financiación autonómica y a que le detalle de dónde piensa recortar los 600 millones que le corresponden asumir por el desvío en sus cuentas públicas desde el 0,7% autorizado al 1,13% final. Eso implica aplicar la tijera al Presupuesto en vigor, pero la presidenta volvió a cerrarse en banda y entona el enésimo “no”.
La guerra está servida, y además con el reloj corriendo en contra porque Hacienda exige una respuesta en menos de dos semanas. Montoro la tiene ya de Susana Díaz, que hasta por tres veces a lo largo de este jueves (en el congreso de UGT-A, antes y durante el Pleno del Parlamento) proclamó que su Gobierno no tiene intención alguna de “recortar más”. Alzando la voz, censuró la “actitud de intimidación” del ministro y le conminó a aclarar si en realidad oculta que ha recibido “un ultimátum” desde Bruselas. “Lo que ha pasado en las últimas horas en este país ha sido muy grave”, subrayó.
El impacto de los recortes, argumentó la presidenta, implicaría “dejar a enfermos sin hospital, a niños sin aula o a mujeres maltratadas sin apoyo”. A esa teoría del impacto fatal se había sumado a primera hora María Jesús Montero, consejera de Hacienda y sobre cuyo tejado está ahora la pelota del tijeretazo. En su caso recurrió a una nada inocente advertencia: puede que sea necesario volver a retener a los funcionarios el 25% de la extra atrasada que cobraron en febrero, no subirles el sueldo un 1% o que el personal sanitario vuelva a perder parte de su jornada y del salario.
Un duro corsé
Las comunidades incumplidoras (todas salvo Galicia, Canarias y País Vasco) tienen prohibido ahora dedicar a nuevos gastos los recursos del sistema de financiación autonómica. Además, están obligadas a destinarlos a cubrir servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales).
Los interventores generales deberán remitir informes cada mes de todo ello a Madrid.
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